El abogado que promovió la citación de Rajoy en Gürtel admite que trabaja para el PSOE

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016.
• • 14/11/2017 10:09
  • Actualizado: 14/11/2017 11:27

Mariano Benítez de Lugo, abogado y presidente de honor de la asociación ADADE, que ejerce como acusación popular en el caso ‘Gürtel’, ha reconocido este martes que trabaja como «asesor» para el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Madrid.

En su comparecencia en la comisión en el Senado que investiga la financiación de los partidos políticos, Benítez de Lugo ha admitido que, si bien la asociación no cobra directamente por su personación en los distintos procesos judiciales-todos ellos contrarios al PP- varios abogados de la  sí trabajan, «a título personal», para los socialistas en varios ayuntamientos.

«Creemos que están recibiendo el pago de sus servicios a través de su trabajo para instituciones del PSOE», ha concluido el portavoz del PP en la comisión, Luis Aznar.

ADADE fue la asociación que solicitó, hasta en tres ocasiones, que el presidente del Gobierno fuese citado a declarar como testigo en el caso ‘Gürtel’. Pero no es el primer caso. En 2007, la asociación se personó por una querella de injurias al Gobierno, del PSOE, contra el presidente de la AVT, Francisco José Alcaraz. Además, solicitaron el ingreso en prisión del extesorero Luis Bárcenas.

Además, Benítez de Lugo- el abogado que interrogó a Rajoy- formó parte del equipo de apoyo a Josep Borrell y es padre de quien fuera candidato de Podemos al Senado por Ciudad Real. Fernando, el hermano del presidente de ADADE, Javier Ledesma, fue ministro de Justicia con Felipe González.

El abogado ha descartado actuar al servicio del partido pese a que la evidencia, según los ‘populares’, resulta «abrumadora».  «Ustedes defienden todo lo que al PSOE le interesa que defiendan», ha espetado Aznar. Benítez de Lugo ha acusado a los ‘populares’ de actuar como «abogados» de parte.

Aznar le ha reprochado, por ejemplo, que la asociación no haya ejercido acusación en el caso de los ERE, pese a tratarse del mayor escándalo de corrupción en España. El letrado ha defendido que la asociación «no puede asumir gastos de ir a otras provincias».

También ha explicado que «en algunos casos» la asociación tuvo que rechazar ejercer como acusación al no poder asumir el pago de las fianzas, como ocurrió, dijo, en el proceso contra Rodrigo Rato, por el que les reclamaron 10.000 euros. «Alegamos que con nuestras parcas cuentas no podíamos, pero nos siguieron exigiendo lo mismo».