La Abogacía del Estado alertó a Sánchez: la doctrina del Palacio de Ayete también impide tocar el Pazo de Meirás

• Carlos Cuesta @carloscuestaem
• Director adjunto en OKDIARIO.
• • 31/07/2019 06:47
  • Actualizado: 31/07/2019 10:37

El informe de la Abogacía del Estado sobre la reclamación del Pazo de Meirás que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha ocultado, contiene una derivada jurídica que hace más difícil, si cabe, expropiar la propiedad a la familia Franco. Según ese informe, la doctrina aplicada ya en Patrimonio Nacional sobre el Palacio de Ayete –la otra residencia de verano del dictador– en manos municipales hace que el Pazo de Meirás no pueda ser reclamado por el Estado.

Pedro Sánchez inició la reclamación a la familia Franco del Pazo de Meirás con el fin de integrarlo en el Estado. Lo hizo ocultando un informe de la propia Abogacía del Estado que ya analizó esta posibilidad, hace poco más de un año, y la tumbó por completo por la falta de respaldo legal del Estado para reclamar esta propiedad.  Y, además, difícilmente explicable por parte de Sánchez, ante la evidencia de que tampoco ha querido escuchar esa advertencia de los equipos jurídicos del Estado.

OKDIARIO se ha hecho con el informe que el Ejecutivo ha ocultado. El documento fue sellado el 4 de abril de 2018. Lo elaboró el abogado del Estado encargado por Patrimonio Nacional del estudio de las posibilidades legales de llevar a cabo esta reclamación contra la familia Franco. El estudio incluye todo un bloque argumental que destaca que “el uso por parte del Jefe del Estado como residencia oficial de un inmueble, que no sea propiedad del Estado, en ningún caso permite considerarlo incluido dentro del Patrimonio Nacional”.

El caso del Palacio de Ayete

Esa afirmación, además cuenta con el respaldo de una doctrina ya asentada y empleada en otros inmuebles: en concreto en el Palacio de Ayete, que también usaba el dictador como residencia oficial: “A título de ejemplo citaremos el Palacio de Ayete, segunda residencia oficial veraniega del entonces Jefe del Estado General Franco, sito en San Sebastián-Donostia, que fue, y continúa siendo a día de hoy, propiedad del Ayuntamiento de la referida ciudad y nunca se consideró integrado en el Patrimonio Nacional”.

El informe añade que “bien es verdad que el mantenimiento, reforma y construcción de nuevas infraestructuras en el Pazo de Meirás fueron coordinadas por la Casa Civil y Militar de la Jefatura del Estado, siendo asumidas por la Comandancia de Obras del Ministerio del Ejército, ahora bien, ello no implica que, por esa razón, el citado Pazo devenga público”.

Traducido: ya se ha implantado una doctrina que impide actuar contra la propiedad de los Franco sobre el Pazo de Meirás. La doctrina del segundo palacio que usaba el dictador.

La explicación del documento se suma a la conclusión del informe publicada ya en este diario, donde se señalaba que “al no haber sido nunca propiedad del Estado, ni pudo ni puede integrarse en Patrimonio Nacional”. Los actuales equipos jurídicos de Sánchez conocen la existencia del informe. Pero Pedro Sánchez ha preferido seguir adelante con la reclamación.

El informe en cuestión fue elaborado tras “la solicitud formulada por la vicepresidenta de la Diputación provincial de A Coruña, relativa a la situación de la finca denominada Pazo de Meirás, ubicada en el término municipal de Sada”, tal y como relata el propio informe jurídico.

El abogado del Estado que lo firma es Juan García González-Posada, “abogado del Estado-jefe” responsable en ese momento de la asesoría a Patrimonio Nacional, sello que igualmente acompaña al documento. Y la “conclusión” es rotunda: no es posible reclamar la incorporación al Patrimonio Nacional del Pazo de Meirás, ahora en propiedad de la familia del dictador. Y no lo es porque “nunca ha sido propiedad del Estado”.