El Gobierno ‘chivará’ a Google o Youtube posibles «delitos de odio» aunque no haya sentencias

En concreto, el plan -que el Ministerio del Interior pondrá en marcha en las próximas semanas- contempla «fomentar a la Oficina Nacional de Delitos de Odio como ‘trusted flagger’ ante los proveedores de servicios de Internet para facilitar y agilizar la retirada de contenidos constitutivos de discurso de odio, de manera coordinada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para no interferir las investigaciones judiciales en curso». El plazo previsto para la implantación de esta medida es el segundo trimestre del año.

El Gobierno podrá así denunciar ante estas plataformas los contenidos que, supuestamente, constituyan un presunto delito de odio, e instar a su retirada, aún cuando no exista sentencia o el proceso judicial esté inacabado.

«En 2017 las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de España registraron 1.419 incidentes como “delitos de odio”, un 11,6% más que en 2016. Estas cifras reflejan la lacra que suponen estos delitos, pero, a la vez, el incremento de las denuncias demuestra también el aumento de la confianza de la ciudadanía en las instituciones a la hora de acudir a denunciar», destaca el departamento de Grande-Marlaska.

Por otro lado, el Gobierno quiere incentivar también el papel de las «organizaciones de colectivos vulnerables» para que «reporten a la Oficina Nacional de lucha contra los delitos de odio los incidentes que tengan conocimiento para hacer un seguimiento sobre la posible presentación de denuncias y, en caso negativo, su puesta en conocimiento de los equipos especializados». Es decir, se podrán impulsar investigaciones y procesos judiciales al margen de que el afectado haya denunciado o no. El plan prevé también potenciar la capacidad de actuación en este sentido de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Se considera  como tal delito la discriminación y expresiones de odio contra colectivos vulnerables por motivo de su origen nacional o étnico, sexo o género, ideología, identidad sexual, religión, capacidades intelectuales o físicas y situación socioeconómica, entre otras razones.

Un 0,01 por ciento de la criminalidad

Los delitos de este tipo apenas representan un 0,01 por ciento de la criminalidad, según los datos expuestos hace unos días por el propio ministro. No obstante, Grande-Marlaska considera que, sea cual sea la cifra, son «cualitativamente son importantes porque constituyen un ataque a la dignidad».

El plan destaca por planes de formación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con planes de estudio en los programas de formación, cursos online, actividades formativas o intercambiar experiencias con otros países sobre la lucha contra este tipo de delitos son algunas de las medidas del primer eje.

Respecto a la respuesta policial, Interior revisará el protocolo vigente y establecerá un procedimiento de análisis de riesgo que permitan a un policía identificar un posible caso de delito de odio.

En otras de las medidas, se destaca la creación de una nueva figura, la de los «testigos prioritarios», en la que se incluye, por ejemplo, a agentes de seguridad privada, porteros de locales de ocio o, incluso, taxistas, a los que se informará y formará para que puedan ayudar a detectar incidentes «aportando datos o informaciones relevantes sobre los espacios, situaciones y franjas horarias en las que determinados colectivos pueden verse especialmente inseguros». El plan también incluye crear una base de datos de simbologías radicales.

De los 1.419 delitos de odio registrados en 2017 se detecta que los que más aumentan son los relacionados con las creencias religiosas (un 119%), por motivos de ideología (un 72%), y racistas y xenóbobos (un 26%).