La juez entrega a la Guardia Civil para su uso los dos coches Audi embargados a Zaplana

La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, que instruye el sumario de la conocida como operación Erial, alega en un auto dictado el pasado 14 de enero, que “la utilización de los vehículos está sometida a un protocolo que garantiza su mantenimiento, conservación, etc, no suponiendo por lo tanto ningún menoscabo”.

Para justificar el uso de los vehículos por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que llevan a cabo la investigación, la instructora señala que la Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla “la autorización de uso provisional de los bienes o efectos decomisados cautelarmente”.

Así mismo, razona en su escrito que tiene en cuenta “la especial idoneidad que representan los vehículos a motor utilizados para la prestación del servicio público que desempeñan los cuerpos policiales y, concretamente en relación con la represión de ilícitos penales”.

Los dos automóviles Audi de alta gama, que fueron decomisados por el Juzgado el 15 de junio de 2018, pasan a la UCO, según la juez, “dadas las necesidades materiales de la Unidad solicitante”.

Fuentes jurídicas consultadas por OKDIARIO califican como excesiva tales medidas cautelares ya que Zaplana mantiene una situación de preso preventivo y, como ha sucedido con otros bienes de la familia, puede suceder que la juez se vea obligada a restituirlos porque no estaban relacionados con el supuesto delito de blanqueo.

Lo más usual es que los tribunales embarguen vehículos a narcotraficantes o miembros de organizaciones criminales de extranjeros, que pasan al servicio de la policía, pero no a ciudadanos por supuestos delitos económicos.

Para las mismas fuentes el ex ministro del Gobierno de José María Aznar disfrutaba de una sólida posición laboral en Telefónica con un elevado salario, ingresos que justifican de sobra la compra de dos automóviles, sin la necesidad de financiarse con fondos ilícitos.

Sin embargo, la magistrada asegura en su auto judicial que el matrimonio Zaplana-Barceló adquirió los dos vehículos con dinero procedente de la sociedad Costera del Glorio, que está investigada por blanqueo de dinero. La juez Rodríguez se opone así a los postulados de la defensa que reclamaba la devolución de los dos automóviles por considerar que aún no se ha podido demostrar la procedencia ilícita del dinero, aunque el sumario continúa secreto pendiente de comisiones rogatorias.

No obstante, se da la circunstancia de que el Audi Q3 fue adquirido por la esposa de Zaplana y abonado con un crédito personal, que amortiza con pagos mensuales.

Sin embargo, la titular del Juzgado trata los dos casos con un idéntico rasero: “El mismo mecanismo de adquisición se infiere de la instrucción en relación al vehículo de su mujer, Rosa Barceló”. Para la juez, “el dinero obtenido ilícitamente se ha transformado entre otros bienes en los coches referidos”.

No es la primera vez que los juzgados se han visto obligados a devolver los vehículos decomisados a sus propietarios una vez que han sido utilizados durante meses por los agentes policiales. El problema es que, como destaca un abogado penalista, los coches les llegan con miles de kilómetros rodados perdiendo el valor de mercado. Un ruso residente en Marbella, que acababa de comprarse un Porsche, recuperó el automóvil con doscientos mil kilómetros.

La magistrada insiste en que las fuerzas policiales se han comprometido a cumplir “las medidas de conservación” de los vehículos “imprescindibles con las revisiones oportunas, inspecciones técnicas, etc”, tal como habían asegurado por escrito los representantes de la UCO.