Los policías acusan a Sánchez de permitir que la extrema izquierda les acose en las calles

Los principales sindicatos policiales exigen al Gobierno de Pedro Sánchez que retire la última instrucción remitida por el Ministerio del Interior en la que ordena suavizar la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana hasta que se apruebe la reforma de dicha norma pactada con Unidos Podemos dentro de su acuerdo presupuestario para 2019.

Esta circular emplaza a ahora al Cuerpo a no denunciar la captación y difusión a través de las redes sociales de imágenes de antidisturbios interviniendo, por ejemplo, ante un uso de la violencia callejera por parte de radicales. En concreto, la instrucción del departamento de Fernando Grande-Marlaska recalca que la «mera toma de imágenes o el tratamiento de los datos de los agentes no constituye infracción si no representa un riesgo o peligro para ellos, su familia, las instalaciones o las operaciones policiales».

La secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, confirmó este jueves el envío de dicha orden en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados. «Ayer (por el miércoles) se ha dictado una instrucción (…) con criterios claros de actuación para los agentes mientras se reforma la ley». Y señaló: «Hemos dictado una serie de medidas que abundan para que haya mejor interpretación (…) en el uso no autorizado de imágenes o datos de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad».

A través de un comunicado conjunto, los sindicatos policiales SUP, CEP, UFP y SPP de la Policía Nacional critican que la nueva instrucción «somete» el trabajo de decenas de miles profesionales de Policía, Guardia Civil, Policías Autonómicas y Cuerpos locales «a un entorno de mayor riesgo frente a intentos de señalamiento, amenazas, acoso y persecución por el ejercicio de sus funciones».

«La imagen de un policía de servicio tomada mediante un dispositivo de grabación constituye un dato de carácter personal, según pacífica interpretación de órganos judiciales. Y su inclusión en redes sociales o soportes de internet de cualquier tipo supone, además, un tratamiento no autorizado que está protegido por otra Ley Orgánica», denunciado los sindicatos.

Un «subterfugio»

Los policías añaden que «los matices que introduce ahora Interior sólo pueden ser entendidos como un subterfugio para desactivar ese artículo y lograr que no se pueda aplicar una sanción frente a un comportamiento que amenace la seguridad de los agentes que trabajan en las calles».

A su juicio, se trata de «un claro intento de abolir por la vía de los hechos una parte de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana que defiende a los policías nacionales» y de hacerlo «en un ámbito político, escapando de las limitaciones que establece el Poder Legislativo».

Sin contar con ellos

Además, los sindicatos califican de «falta de respeto» que el Ministerio del Interior haya elaborado esta instrucción «sin contar con los legítimos representantes de policías nacionales», recordando que en la elaboración de la Ley de Seguridad Ciudadana, bajo mandato del Gobierno del PP, sí se tuvo en cuenta su opinión.