La caída del Gobierno de Rajoy supondrá el cese de 1.153 asesores y altos cargos

Un cambio de Gobierno por otro de distinto signo político supone todo un terremoto en las estructuras más altas de la Administración General del Estado. Tal es así que 1.153 asesores y altos cargos del Ejecutivo se enfrentan ahora a una depuración del gabinete entrante. Los socialistas de Pedro Sánchez ocuparán estas plazas con personal de su confianza.

La cifra no aparece reflejada como tal en el Portal de Transparencia del Gobierno, pero sí puede encontrarse en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018. Unas cuentas que acaban de pasar el filtro del Congreso y que ahora se encuentran en tramitación parlamentaria en el Senado. El líder de los socialistas manifestó ayer que gobernará con estos Presupuestos, pese a que su partido votó en contra la pasada semana. Lo hará mientras trabaja -según afirmó- en la redacción de las cuentas de 2019, cuya aprobación será complicada dada la debilidad de ese eventual Gobierno socialista (sólo tiene 84 diputados).

En libro verde de personal de los PGE de 2018 se detalla que son 379 los altos cargos del Gobierno y 774 los contratados como personal eventual. La mayoría de estos últimos, en concreto 411, pertenecen al «subgrupo A1 y titulados superiores».

Los primeros relevos se producirán en las próximas semanas después que Pedro Sánchez tome posesión este sábado si finalmente prospera su moción de censura. Tras ello llegará el nombramiento de los ministros y de los puestos de mayor responsabilidad en el gabinete de la Presidencia. Y comenzará el traspaso de poderes en La Moncloa.

Además del presidente y los ministros, también irán saliendo del Gobierno el segundo escalón de altos cargos. Algunos de esos nombres han estado de actualidad recientemente, como es el caso del secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya. Este mismo jueves en la Comisión de Presupuestos del Senado, mientras se debatía la moción de censura en el Congreso, Fernández de Moya defendió su presunción de inocencia frente a la investigación judicial que afronta como exalcalde de Jaén.

Este secretario de Estado ha sido citado a declarar el próximo 5 de junio en un juzgado de Jaén imputado por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental. La investigación judicial se inició a raíz de una querella presentada por el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Jaén y fue incoada en diciembre de 2017 en el Juzgado de Instrucción 2 de esta ciudad.

Los hechos investigados se refieren a su etapa como alcalde de Jaén, entre junio de 2011 y noviembre de 2015, cuando presuntamente ordenó en contra de los informes del interventor varios pagos a la empresa Matinsreg, encargada del mantenimiento de las fuentes ornamentales de la ciudad.

Fernández de Moya dijo ayer que tiene la conciencia «muy tranquila». Además, leyó la literalidad del decreto de la fiscalía provincial de Jaén de abril de 2014 por el que se archivó otra causa similar contra él, también consecuencia de una querella del grupo municipal socialista, al no encontrarse ninguna irregularidad.

Burgos, Valle, los Nadal…

Del área económica del Gobierno también saldrán, por ejemplo, el exdiputado del PP y actual secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, quien pasó de ser médico, cirujano, y máster por el IESE, IE y ESADE a ser sólo «soltero» en su ficha parlamentaria; la directora de la Oficia Económica de Presidencia (OEP) del Gobierno, Eva Valle, que ha estado en las quinielas para ser gobernadora del Banco de España, o su marido, Alberto Nadal, secretario de Estado de Presupuestos y hermano de Álvaro Nadal, ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital y anterior director de la OEP.