El PP dilatará con argucias la derogación de la prisión permanente hasta que decida el Constitucional

El Partido Popular intentará retrasar al máximo la aprobación de la proposición del PNV para derogar la prisión permanente revisable, que, tras rechazar el Congreso este jueves a las enmiendas a la totalidad de PP y Ciudadanos, seguirá su trámite parlamentario. El propósito es ganar tiempo para que el Tribunal Constitucional pueda pronunciarse sobre el recurso que presentó el PSOE en 2015 y en la esperanza de que, si se declara constitucional, los socialistas acaben reconsiderando su postura.

El curso habitual de una proposición de ley es de seis meses. Un plazo que, según cálculos de los ‘populares’,  podría ser ampliable, aunque es cierto que de forma limitada.

El trámite que seguirá la iniciativa es el siguiente: el texto pasará ahora a la comisión de Justicia, donde se someterá a debate con las intervenciones de grupos y expertos designados, y se podrán presentar enmiendas parciales. Este trámite puede prolongarse si lo solicitan dos partidos, el escenario que prevé el PP. La dilación sería no obstante limitada. Aproximadamente un mes, calculan. Tras este tiempo, la proposición se sometería de nuevo al pleno del Congreso.

Después, la iniciativa se llevará Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. Los procedimientos son los mismos que en la Cámara Baja, aunque los ‘populares’ tienen aquí cierto margen de maniobra. Incluso pueden presentar nuevas enmiendas que modifiquen por completo el texto. Los cambios serían aprobados. Pero la última palabra la tendrá de nuevo el Congreso, donde los grupos que apoyan la derogación serían de nuevo mayoría.

Cuestión estratégica

En el PP se intentará ganar tiempo al máximo y sobre todo por una cuestión estratégica. En primer lugar, porque el mismo trámite servirá a los ‘populares’ -y a Ciudadanos- para reiterar sus razones para defender la prisión permanente y dejar en entredicho a los socialistas. Más aún, en vísperas de las elecciones de 2019. Dilatar los plazos dará más margen para que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso del PSOE y para que la presión sobre los socialistas les haga virar de postura.

El PSOE presentó este recurso poco después de que el Gobierno aprobase la prisión permanente revisable, alegando, entre otros, que la pena no permite la reinserción, según los socialistas, un derecho constitucional del reo.

Sin embargo, fuentes judiciales consultadas explican que el artículo 25.2, al que en concreto hacen referencia en su recurso, no recoge, como indican sus críticos, que ésa deba ser la finalidad de la prisión.

De hecho, el artículo dice textualmente: “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad”.

Es decir, la propia Constitución deja la puerta abierta tanto al juez como al legislador para que determine, en su caso, las medidas que considere.

Además del mencionado artículo, los socialistas esgrimen otros tres: “Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento” (25.1), “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra” (15)  y “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad” (17). Según estas fuentes, ninguno de ellos entraría en contradicción con la prisión permanente.

En cualquier caso, el Constitucional no tiene previsto pronunciarse en las próximas fechas sobre el recurso. El tiempo transcurrido no es llamativo ya que en otros casos la espera ha superado los siete años. En otros, la solución aún sigue pendiente, como el recurso a la ley del aborto de 2010.

El PSOE intentó frenar el debate de este jueves argumentando que se producía por «un cálculo electoral y de competencia entre PP y Ciudadanos». El malestar entre los socialistas era evidente al término de la sesión, y también las quejas porque el TC podría haber acelerado la decisión ante un tema de gran interés social.