Décima concentración de grupos políticos catalanes para exigir al Gobierno que aplique el artículo 155

Este miércoles ha tenido lugar la décima concentración en Barcelona ante la Delegación del Gobierno de España en Cataluña para pedir la aplicación del art. 155 de la Constitución. En ella se clama por una intervención de las instituciones autonómicas de Cataluña por las instituciones comunes ante el proceso independentista impulsado por el gobierno de la Generalidad y su mayoría de diputados en el parlamento autonómico.

El artículo 155 de la Constitución española dispone que «si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general».

Miembros y simpatizantes catalanes de Vox, Unidos Sí y algunas asociaciones de la región se han juntado para llevar a cabo una manifestación con el fin de que el gobierno y las autoridades competentes frenen el referéndum ilegal independentista.

Entre los asistentes ha estado Dolores Agenjo, la directora de instituto de educación secundaria que se negó a entregar las llaves para el referéndum del 9-N.

Tras una de sus anteriores concentraciones, en declaraciones en OKDIARIO,  Enric Martínez Herrera, profesor de ciencias políticas y portavoz del partido de centro-izquierda Unidos Sí, propuso al Gobierno que las transferencias del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a la Generalitat se hagan con una supervisión escrupulosa “de interventores contables del Estado, de manera que dejen de pagarse gastos relacionados con el ‘procés’ como ‘embajadas’, viajes internacionales, subvenciones a medios de comunicación y urnas, ni programas de inteligencia y espionaje que corresponden exclusivamente al Estado”.

Dos semanas después, esta medida se aplicó. Desde el 21 de julio el Gobierno exige un control semanal del gasto de la Administración autonómica como condición para proseguir con las transferencias financieras.

La concentración