Yolanda Díaz quiere obligar a las empresas a ceder parte del capital a los trabajadores

• Carlos Ribagorda @CRibagorda
• Periodista de Economía en Okdiario. Nacido en Madrid. Licenciado en periodismo por la Universidad Complutense.
• • 02/02/2026 16:48
  • Actualizado: 02/02/2026 20:16

Nueva guerra abierta de Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, con los empresarios. Yolanda Díaz quiere que obligar a las empresas a que cedan parte del capital de la compañía a los trabajadores, que además se sentarán en los consejos de administración de las empresas.

Yolanda Díaz ha anunciado este lunes que desde su cartera impulsarán una ley para permitir que los trabajadores se sienten en el puesto de mando de las empresas -dependiendo del tamaño de la firma- y que tengan derecho a una participación en el capital de le compañía.

«Una empresa sin la voz de los trabajadores es como un Parlamento sin el voto de la ciudadanía», ha dicho Díaz al recibir el informe elaborado por la Comisión Internacional de expertos de alto nivel sobre la democracia en el trabajo.

En el informe se concluye que la gobernanza corporativa que define la economía española no ha tenido en cuenta las dos promesas del artículo 129.2 de la Constitución española.

Dicho artículo establece que «los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción».

El mecanismo propuesto por los expertos plantea un tercio de los puestos en el consejo de administración en las empresas de entre 50 a 1.000 empleados y que supongan la mitad de los asientos en las empresas de más de 1.000 personas trabajadoras.

En el caso de la propiedad, plantea umbrales mínimos con un requisito legal de abrir el capital a la propiedad de los trabajadores al menos de 2% y con un mínimo del 10% en grandes corporaciones.

Por tanto, la titular de Trabajo ha indicado que en cumplimiento del acuerdo de Gobierno de coalición y el mandato constitucional, desde su cartera impulsarán una propuesta legislativa para desarrollar el artículo 129.2 de la Constitución y elaborar la primera ley que regule la democratización de las empresas en España y lo hará en el marco del diálogo social con los agentes sociales, por lo que abrirá una mesa de negociación.

Durante la presentación del informe, la presidenta del comité de expertos, Isabelle Ferreras, ha indicado que España está entre los países que menos desarrollados tiene el reconocimiento de las personas trabajadoras y, aunque existen comité de empresas y representación sindical, los derechos de representación que tienen los trabajadores son muy limitados y no permiten la participación estratégica.

«Dieciocho de los veintisiete países europeos han reconocido legalmente el derecho de los trabajadores y trabajadoras en empresas del sector público y a menudo también privado a estar representados en los consejos de administración de las empresas, y aquí España se sitúa a la cola del tren europeo», ha expuesto.

Los expertos proponen, entre otras cuestiones, fortalecer las normas de los comités de empresa, en particular en lo que se refiere a los derechos de información y consulta, un nuevo derecho de los comités de empresa a configurar y dar su consentimiento a la Inteligencia Artificial (IA), introducir a las personas trabajadoras en los consejos de administración con umbrales legales mínimos basados en el tamaño de la plantilla y nuevos umbrales mínimos para el acceso de las personas trabajadoras a la propiedad.

El grupo de expertos ha planteado un sistema para evaluar el grado de democracia en el trabajo a través de un índice de desarrollo democrático corporativo basado en dos escalas que miden el acceso a la voz y propiedad de los trabajadores en las compañías.

De esta manera, cada empresa recibirá una calificación en cada una de las dos escalas (voz y propiedad) y dicha calificación servirá de mecanismo de incentivos «tipos bonus/malus» diseñado para recompensar niveles superiores de acceso y desalentar niveles inferior.

Así, según se recoge en la propuesta, las empresas que alcancen altos estándares de gobernanza podrían ser recompensadas con tipos impositivos reducidos y prioridad en la contratación pública. Por contra, las empresas que mantengan modelos arcaicos y de alta fricción asumirían los costes que actualmente externalizan a los poderes públicos.

«A nivel empresarial, las empresas avanzarán a una trayectoria de democratización, con voz y propiedad. En pocos años los gobiernos podrán anunciar umbrales mínimos vinculados con una adaptación de los tipos impositivos y ayudas públicas. En 10 años, la economía española progresará de forma duradera en el cumplimiento de las promesas constitucionales», ha añadido.

También la creación de fondos ciudadanos posiblemente regionales gobernados por trabajadores para adquirir acciones en crisis de sucesión, evitando que empresas viables sean liquidadas o vendidas a fondos de inversión depredadores.

Además, se plantea una nueva obligación de reporte para identificar a todos los inversionistas laborales dado el contexto de subcontratación y las cadenas de valor complejas, la creación de un Observatorio sobre Acceso a la Participación y la Propiedad y el derecho de codecisión para vetar o consentir sobre sistemas de IA.

La ministra de Trabajo ha defendido que con este informe se da un paso adelante en una reforma pendiente en el ámbito empresarial y ha pedido a los constitucionalistas en España abracen el informe «con cariño» porque no se puede aceptar que se gobierne empresas sin el consentimiento de los trabajadores.

«La mayoría de las decisiones estratégicas de las empresas españolas, inversiones, deslocalizaciones, digitalización, la reorganización productiva, se toman sin la participación efectiva de las personas trabajadoras. Incluso cuando las decisiones son demoledoras frente a los territorios en los que se implantan y frente a las personas trabajadora», ha expuesto la ministra.

Ha recalcado que hay algunos ejemplos de empresas públicas que tienen trabajadores en su consejo de administración y, en el ámbito privado, singularmente en País Vasco existen empresas que tienen ejemplos de formas de democracia en las empresas y «no se ha roto nada».