Torra obligará a los bancos a ofrecer contratos de alquiler a okupas vulnerables en Cataluña

El Govern de Torra ha aprobado en Consejo Ejecutivo un nuevo Decreto Ley a través del cual los grandes tenedores, como las entidades bancarias, se verán obligados a ofrecer un alquiler social obligatorio con una duración de hasta siete años para aquellas familias que acrediten una situación de vulnerabilidad y se les acabe el contrato de alquiler, se encuentren afectadas por procesos de desahucios o bien lleven más de seis meses ocupando una vivienda sin título habilitante en el momento de la entrada en vigor del nuevo Decreto ley.

En la rueda de prensa posterior, el conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Damià Calvet, ha puesto en valor que el objetivo del nuevo decreto es combatir las situaciones de emergencia residencial, aumentar el número de viviendas protegidas en régimen de alquiler y contribuir a la moderación de los precios del alquiler en viviendas privadas.

En el primero de estos objetivos, el de combatir las situaciones de emergencia residencial, también se enmarca la ampliación del contrato de alquiler social obligatorio, que pasa de tres a cinco y siete años, dependiendo de si la vivienda es propiedad de una persona física o jurídica.

El decreto también incorpora facilidades para construir alojamientos en equipamientos comunitarios para incrementar la oferta y atender a familias en riesgo de exclusión y resolver necesidades temporales de alojamiento.

También se implementarán medidas para considerar como desocupados los edificios con obras inacabadas y poderlos movilizar para generar más vivienda asequible, incluyendo multas coercitivas y la posibilidad de expropiación.