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Economía
Supermercados

Los súper cargan contra el Gobierno por la ley que obliga a transformar la fruta pasada en mermelada

La norma establece una jerarquía de prioridades para el destino de los alimentos que se conviertan en desperdicio alimentario

  • Alicia Bonilla
  • Periodista especializada en Economía. Graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid.

El próximo 1 de enero entra en vigor la Ley contra el desperdicio alimentario que el Gobierno va a imponer tanto a restaurantes como a los súper y que, entre otras cosas, les obliga a transformar la fruta pasada en mermelada o zumos. Por eso, desde la patronal de los supermercados, Asedas, reclaman más «flexibilidad para aplicar la norma».

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ya explicó que la nueva norma establece una jerarquía de prioridades para el destino de los alimentos que inevitablemente se conviertan en desperdicio alimentario, siendo la prioridad máxima el consumo humano, a través de la donación o redistribución de los alimentos.

El segundo nivel de esta Ley indica que se deben transformar aquellos alimentos no vendidos, pero aptos para el consumo (como la fruta demasiado madura), en zumos, salsas, mermeladas, purés… Pero todavía hay muchas dudas acerca de si debe de hacer por parte de los productores o de los supermercados.

Por ello, muchas cadenas de supermercados se han adelantado a esta normativa y piden al Gobierno que aclare cómo debe hacerse esto. «Nosotros lo que hemos pedido es flexibilidad en esa jerarquía para aplicar la medida, porque la primera es la donación, la segunda creo que es la transformación. Sin embargo, en el caso de los supermercados, si hay un desperdicio, estos no pueden hacer el proceso de transformación, es decir, no puedes convertir la fruta en mermeladas, etc.», explica María Martínez, responsable de sostenibilidad de Asedas.

«Lo que pedimos es flexibilidad y que cada empresa vea de qué manera lo hace y gestione ese desperdicio que para ellos es un residuo, pero que tiene que tener una salida. Se están analizando todas esas salidas, pero lo principal es la prevención e introducir medidas que eviten que se produzca el desperdicio», aclara Martínez.

«Para nosotros es importante hacer como una cesta de medidas y que cada uno aplique la suya, porque, por ejemplo, en temas de donaciones, pues no es lo mismo un supermercado que está en Madrid que uno que está en un municipio más pequeño, que no tiene a quién donar», indica.

Los súper ya donan

Los supermercados ya llevan varios años trabajando en evitar el desperdicio alimentario, por sostenibilidad económica, social y medioambiental. «Por ejemplo, ya se aplican las medidas para las donaciones, así como la reducción del precio al 30 o 50% cuando está cerca la fecha de consumo preferente o la fecha de caducidad. También se está preparando trabajar con compañías que dan servicio para los productos que están a punto de caducar, pues hacen packs, etc.  En concreto, en la actualidad, en los supermercados hay un control muy grande en los productos perecederos, que es donde hay más desperdicio alimentario», defiende.

«Entonces todas estas medidas ya las están llevando a cabo, por tanto, se trata de un plan previo que luego va a ser revisado por la autoridad competente porque ya llevamos muchos años esperando y pendientes de esta medida», expone.

Sanciones por la Ley contra el desperdicio

Desde enero de 2024 está aprobada la propuesta del Ministerio de Agricultura del proyecto de Ley contra el Desperdicio Alimentario, una norma que contempla multas de entre 60.000 y 500.000 euros a restaurantes, bares y supermercados que tiran comida, entre otras medidas.

Sin embargo, su entrada en vigor se ha retrasado en varias ocasiones y ahora se ha marcado el 1 de enero de 2025 como próxima fecha.

En concreto, las infracciones muy graves podrán ser sancionadas con entre 60.001 y 500.000 euros de multa y se considerará la segunda o ulterior falta grave que se cometa en un plazo de dos años.

Esta empresa se ha acogido a las subvenciones del Gobierno de España cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional para las regiones ultraperiféricas para el transporte de mercancías en Canarias. ”Una manera de hacer Europa”