Sólo un 4% de los españoles que tienen planes de pensiones aportan más de 3.000 euros anuales

El Gobierno ultima una reforma de la regulación de los planes de pensiones para potenciar este tipo de activos financieros y que puedan servir de complemento al sistema público de Seguridad Social. A pesar de que la economía española lleva casi tres años de crecimiento robusto y sostenido las familias no están destinando una parte relevante de su ahorro a engrosar este tipo de seguros contra la jubilación y, de hecho, tan sólo un 4% de los ciudadanos que tienen un plan de pensiones aportan al mismo más de 3.000 euros anuales.

Así lo revelan las cifras de la Dirección General de Seguros y Pensiones, que constatan el poco interés que muestran los hogares españoles por incrementar sus aportaciones, prefiriendo destinar su presupuesto a consumo, inversión en otro tipo de activos, o simplemente a disponer de liquidez para hacer frente a cualquier imprevisto. Más del 67% de los partícipes de planes de pensiones no realizó en 2016 ninguna aportación, según las estadísticas de este organismo dependiente del Ministerio de Economía.

Esto se produce a pesar de que es público y notorio que la Seguridad Social tiene problemas para financiarse a corto, medio y largo plazo. Aunque España es la locomotora económica europea el sistema público de protección registró el pasado año el mayor agujero de su historia, alcanzando un déficit de 18.000 millones de euros. Y aunque los ingresos por cotizaciones avanzan a buen ritmo, este ejercicio la brecha será, incluso, superior.

Entonces ¿por qué los ciudadanos no apuestan más por los planes de pensiones? Una de las razones es que el dinero permanece bloqueado hasta la jubilación (o la incapacidad) sin poderlo destinar a otros fines, un obstáculo que el Gobierno va a salvar con su reforma: los rescates se podrán realizar cuando transcurran diez años desde la aportación al plan y, se podrá reintegrar la cuantía deseada sin límite.

Eso sí, la fiscalidad no varía, así que Hacienda se quedará con una parte jugosa del dinero cuando se produzca la retirada, momento en el cual las prestaciones del plan de pensiones tributan como rendimiento del trabajo en la Declaración de la Renta.

En la actualidad hay 72.000 millones de euros ahorrados a través de planes de pensiones individuales y otros 35.500 millones en planes de empresas.

Otro de los elementos que hacen poco atractivos a los planes de pensiones es la falta de rentabilidad. El objetivo de un producto financiero de este tipo es ahorrar a largo plazo protegiendo el poder adquisitivo del dinero y, en la medida de lo posible, incrementar el capital principal. Sin embargo, sólo el 14% de planes de pensiones ha batido a su índice de referencia en los últimos diez años, con una rentabilidad media de todos ellos del 2% anual.

La tercera barrera que dificulta que los partícipes realicen aportaciones a su planes de pensiones son las comisiones que cobran las gestoras (controladas por bancos y aseguradoras), que el proyecto de Real Decreto que prepara el Gobierno pretende reducir, tanto en el ámbito de la gestión como del depósito. La primera bajará del 1,5% al 1,25% y la segunda del 0,25% al 0,2%.

El Ejecutivo pretende compensar parcialmente el desplome de la rentabilidad de los planes de pensiones, que provocan que muchos partícipes pierdan incluso dinero cuando aplican las comisiones. La manipulación monetaria del Banco Central Europeo (BCE) mantiene los tipos de interés artificialmente bajos desde hace una década para sostener a las hiperendeudadas economías europeas y este es uno de los “efectos colaterales” de su barra libre financiera: el desplome de la rentabilidad de los productos de ahorro a largo plazo.

El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad mantiene abierto hasta el próximo 27 de septiembre el periodo de consulta pública del nuevo proyecto de Real Decreto de modificación del reglamento de planes y fondos de pensiones, que incluye las medidas anteriormente comentadas. El departamento dirigido por Luis de Guindos recabará la opinión de personas y entidades potencialmente afectadas por la norma.