El sistema de UPTA para que abogados mutualistas pasen al RETA daría 3.600 millones a la Seguridad Social

La propuesta de UPTA para que abogados y procuradores pasen sus cotizaciones de las mutuas al sistema de autónomos, como piden ellos para garantizarse una pensión digna en el futuro, implicaría unos ingresos inmediatos para la Seguridad Social de 3.600 millones de euros y unos 300 millones al año. UPTA, organización de autónomos inscrita a UGT, cifra en 60.000 los abogados y procuradores que se pasarían al RETA y unos 400 euros mensuales lo que cotizarían, lo que daría esos 300 millones anuales.

La capitalización media, según UPTA, de los 60.000 abogados y procuradores que se pasarían al RETA es de unos 60.000 euros, lo que da los 3.600 millones que irían a la Seguridad Social de manera inmediata. La propuesta de UPTA es la única que hay encima de la mesa para un colectivo que ya ha protagonizado varias manifestaciones para reclamar el cambio de las mutuas a otros sistemas para garantizarse una pensión.

La propuesta de UPTA, que preside Eduardo Abad, consiste en que por cada 3.576 euros de aportación anual al RETA, una persona profesional de la abogacía que tenga acumulados 53.640 euros en la mutualidad podría tener cotizados 15 años en el Sistema Público de Seguridad Social. Con 71.520 euros tendrían 20 años, con 89.400 euros serían 25 años de cotización y con más de 107.000 euros de aportación estarían en 30 años de cotizaciones.

Este problema se origina en el año 1995, cuando se dio la potestad a abogados y procuradores para que pudieran continuar adscritos a las mutualidades o bien incorporarse al RETA. Posteriormente, en 2005 esas mutualidades modificaron el sistema de capitalización colectiva, pasando a ser un sistema de capitalización individual.

La pertenencia al sistema alternativo ha llevado a miles de profesionales a no poder disfrutar de la protección social adecuada, siendo las pensiones resultantes de sus planes de ahorro mutualizados de unos 500 euros mensuales para aquellos que deciden dejar de ejercer su profesión con edades superiores a las establecidas para acceder a la jubilación en el sistema público de pensiones.

Eduardo Abad, presidente de UPTA, ha señalado que «la propuesta que hemos desarrollado cumple con las exigencias que vienen reclamando los profesionales afectados, protección social, pensiones dignas y una transición al RETA que acabe con la injusta e innecesaria situación actual».

Abad añade que «el sistema público de Seguridad Social es el único que puede garantizar la protección social y la igualdad prestacional en un colectivo altamente feminizado. Además de cubrir la parte asistencial, las contingencias profesionales, las bajas por maternidad o paternidad, cese de actividad, etc., será un elemento para clarificar las situaciones en las que concurre falsedad contractual que se produce en las profesiones del ámbito jurídico».