El sistema público de avales subvenciona a inquilino y propietario: los costes los paga el contribuyente

• Alicia Bonilla
• Periodista especializada en Economía. Graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid.
• • 29/01/2025 06:45
  • Actualizado: 29/01/2025 06:45

El ministro Carlos Cuerpo ha lanzado una propuesta que estaría incluida dentro del paquete ómnimus en la próxima votación, que tendrá lugar la semana que viene. En concreto, se trata de un aval del Gobierno a los arrendadores, por lo que el Ejecutivo tendría que pagar a las personas que alquilan en caso de que el alquilado deje de pagar. Sin embargo, esta propuesta, acerca de la que todavía se sabe muy poco, ya se ha encontrado con muchas voces en contra. El motivo es que los expertos del sector creen que el sistema público de avales que propone el Gobierno, en realidad, «se trata de un subsidio que van a terminar pagando los contribuyentes a arrendadores. Por tanto, un subsidio de inquilinos solventes a inquilinos insolventes».

Otras voces también destacan que esta medida «supone un riesgo moral de que los arrendadores se relajen en la selección de inquilinos, ya que no tienen que pagar el coste por sus riesgos». 

Un subsidio pagado por contribuyentes 

Además, también resaltan que no se ha tenido en cuenta que «el coste fiscal para el Estado puede ser elevado en contextos de crisis o recesión».

De igual forma, el Estado tiene el deber de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos, por lo que su intervención no debe derivar en la asunción subsidiaria de riesgos inherentes a relaciones privadas. 

Otra cuestión que planeta esta medida a los expertos del sector es que «no aborda la raíz del problema, que es la insuficiente oferta de vivienda, políticas de suelo restrictivas y la inseguridad jurídica de los propietarios».

Por tanto, como destacan los expertos, este sistema público de avales para propietarios e inquilinos «facilitaría el incumplimiento de contratos privados de alquiler, reduciría la oferta de alquiler y trasladaría los costes del incumplimiento de contratos privados de inquilinos y arrendadores al contribuyente».

Dudas acerca del sistema público de avales

Por ejemplo, desde Pisos.com se plantean «cuál es la dotación presupuestaria que destinaría a esta medida», ya que tendría que ser bastante alta.

Mientras que otras voces del sector lo ven como una medida que tiene el objetivo de evitar desahucios, ya que, como aseguran desde pisos.com: «Se suelen producir unos 5.000 desahucios por trimestre en España, lo que supone 20.000 desahucios al año».

Además, desde Pisos.com también destacan que esta nueva propuesta «les genera muchas dudas y creen que es una propuesta difícil de entender», a la vez que resaltan que «el Gobierno se apunta a grandes titulares que son difíciles de desarrollar».

Una medida para evitar desahucios

A raíz del anuncio de la recuperación de la imposibilidad de desahucio a personas vulnerables con el sistema público de garantías para propietarios e inquilinos, Francisco Iñareta, portavoz de idealista, explica que «puede parecer una buena noticia para las familias vulnerables que ya viven en alquiler, pero supone una sentencia de muerte para aquellas que necesitan encontrar una vivienda ahora».

«Las enormes complicaciones que encuentran los propietarios para recuperar su vivienda en caso de impago han provocado que en los últimos años sean cada vez más los colectivos que nunca son seleccionados para alquilar una vivienda: familias vulnerables, aquellas en riesgo de serlo y un amplio abanico de familias que no pueden competir en ahorros, salarios o apoyo familiar frente a otros perfiles más elitistas. Vistas las nocivas consecuencias de su aplicación en los últimos años, resulta incomprensible el ánimo del Gobierno por seguir apostando por esta medida y hundiendo cada vez más a las familias que necesitan un alquiler», aclara.

Lamentablemente, las garantías que ha anunciado el presidente para quienes alquilen sus viviendas a precios por debajo de mercado tampoco tendrán ningún efecto para revertir esta tendencia. «Sólo conseguirán abaratar el acceso al alquiler para los perfiles mejor cualificados. Sin un entorno legal que ofrezca seguridad jurídica y la plena capacidad de los propietarios de recuperar su vivienda en caso de incumplimiento del contrato será imposible recuperar la confianza de estos propietarios para ampliar la oferta, ni convencer a los inversores de que utilicen su capital para reformar y poner en el mercado miles viviendas más, ni se conseguirá de ninguna manera que aumente la oferta disponible en el mercado. Y sin oferta, seguiremos excluyendo a las familias del mercado, empujando a muchas al mercado negro y seguiremos profundizando en la crisis de vivienda en la que estamos inmersos”, expone.