La SEPI entra en Talgo pese a los últimos escándalos y confía en que la CNMV no le obligará a una OPA

• Eduardo Segovia @segoviaeduardo
• Corresponsal de banca y empresas. Doctor y Master en Información Económica. Pasó por El Confidencial y dirigió Bolsamanía. Autor de ‘De los Borbones a los Botines’.
• • 18/12/2025 05:45
  • Actualizado: 18/12/2025 05:45

Este miércoles se consumó la entrada del consorcio vasco y de la SEPI en el capital de Talgo. Una entrada que se produce a pesar de los últimos escándalos que afectan al holding empresarial del Estado a raíz de la detención de su ex presidente Vicente Fernández Guerrero, y con la confianza en que la CNMV no apreciará concertación entre los compradores y no les obligará a lanzar una OPA sobre el 100%, y en que Bruselas no considerará que la operación constituye ayuda de Estado.

Esta confianza se traduce en que, el mismo día de la operación, el Gobierno vasco tomó el control total de Talgo: cambió la sede social de Madrid a Álava, destituyó, como se esperaba, al consejero delegado, Gonzalo Urquijo, y cambió el consejo de administración con la entrada de José Antonio Jainaga (dueño de Sidenor) y de la directora financiera de la acerera, Maite Echarri, y de la SEPI mediante Juan Antonio Corchero. El Estado tendrá otros dos consejeros con la consideración de independientes (pese a ser accionista significativo): Arantza Estefanía y Ricardo Chocarro.

El rescate de Talgo consiste en la compra del 27,41% del capital que tenía el fondo Trilantic por el consorcio de Sidenor y el Gobierno vasco por 156 millones y del 7,9% por la SEPI por 45 millones mediante una ampliación de capital. Además, el holding público ha suscrito otros 30 millones en forma de convertibles.

Como informó OKDIARIO, el escándalo de la trama de corrupción de la SEPI había puesto en cuarentena las operaciones de Talgo y de Duro Felguera. Sin embargo, la presión del PNV -socio de Pedro Sánchez y principal impulsor de la operación- ha forzado el cierre de la compra de Talgo antes de fin de año, según fuentes conocedoras de la operación. Precisamente, por temor a que el Gobierno se echara atrás por los escándalos.

Como adelantó OKDIARIO en 2021, Fernández Guerrero dirigía en la sombra la SEPI (pese a haber dimitido por estar imputado en el caso Aznalcóllar) cuando se concedieron los rescates de Plus Ultra, Duro Felguera, Abengoa o Air Europa. Y ahora la UCO ha revelado, además, que tenía montada una trama de corrupción con la fontanera del PSOE, Leire Díez.

Bruselas y la CNMV

Pero el rescate actual de Talgo no está exento de obstáculos. Como ha venido informando este periódico, la Comisión Europea puede considerar la inyección de dinero público de la SEPI como ayuda de Estado a una empresa en pérdidas. Y más aún por el sobreprecio pagado: tanto el consorcio como el holding público han pagado 4,25 euros por acción, un 50% por encima del cierre de Talgo ayer en Bolsa: 2,835 euros.

Asimismo, la CNMV debe dictaminar que no hay concertación entre la SEPI y el citado consorcio vasco, lo que en teoría obliga a ambos a lanzar una OPA sobre el 100%. Eso, a pesar de que la operación fue acordada en una reunión en Moncloa entre Pedro Sánchez y el lehendakari Imanol Pradales, lo que supone una clara evidencia de concertación.

Ahora bien, el Gobierno está convencido de que ninguno de los dos organismos va a poner problemas a la operación. Tampoco ha puesto problemas a ir de la mano de Jainaga, a pesar de su imputación en la Audiencia Nacional por vender acero a una empresa israelí que fabrica armas.

El citado consorcio está formado por la siderúrgica Sidenor, el fondo de inversión público vasco Finkatuz y las fundaciones BBK y Vital.