El sector solar de Castilla y León pide retirar el nuevo ‘impuesto al sol’: «Es un tributo nuevo disfrazado de ambiental»

Las empresas fotovoltaicas que han invertido en Castilla y León reclaman a las Cortes que retiren, durante la tramitación de los presupuestos de 2027, la ampliación del impuesto sobre la afección medioambiental que la Junta ha incluido en su Proyecto de Ley de Medidas Tributarias. Según el sector, «el cambio supone crear de facto un gravamen nuevo sobre la energía solar, de entre 600 y 2.000 euros por hectárea, que pone en riesgo inversiones planificadas y financiadas con otras reglas», afirman fuentes del mismo a OKDIARIO.

La Junta presenta la medida como una “ampliación” de un impuesto que hasta ahora recaía sobre embalses, parques eólicos y líneas de alta tensión. Con la reforma, las plantas fotovoltaicas que vendan su energía a la red, a partir de cinco hectáreas, denuncian que «pagarían entre 600 y 2.000 euros por cada hectárea ocupada». El proyecto endurece además la fiscalidad de la eólica. Para las empresas, el matiz es “de forma, no de fondo”: quien hoy no paga un tributo y mañana sí lo paga ha sufrido una subida de impuestos.

Castilla y León sería así la tercera comunidad con un impuesto específico a la fotovoltaica, tras Aragón y La Rioja, y con tipos más altos que ambas.

Los tres defectos que denuncia el sector

El primero es que el impuesto grava la tierra y no el impacto. Se calcula por hectárea vallada, con independencia de lo que haya dentro del perímetro, lo que penaliza, según las empresas, «a los proyectos que dejan más espacio entre filas para compatibilizar la planta con el pastoreo o la agricultura, es decir, a los que mejor se integran en el territorio».

El segundo es que la justificación ambiental “no se sostiene”. Cada parque cuenta con una declaración de impacto ambiental favorable de la propia Junta y, en muchos casos, con medidas compensatorias. Además, la recaudación no se destinaría a restaurar nada, sino a la caja común de los presupuestos.

El tercero es que el sector ya paga donde importa. Las plantas tributan por el IAE, por el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica y por el resto de la fiscalidad estatal. En los municipios, los ayuntamientos que acogen parques solares ingresan, según el sector, en torno a 10.000 euros anuales por megavatio instalado, una cantidad que para muchos pueblos de la España vaciada marca la diferencia entre arreglar una calle o no hacerlo.

Lo que está en juego: inversión a 25 o 30 años

El sector advierte de que una planta solar es una inversión a 25 o 30 años, financiada por bancos que valoran cada coste y cada riesgo regulatorio. Un impuesto que no existía cuando se firmó la financiación no solo encarece ese proyecto, sino que eleva la prima de riesgo de los que vengan detrás.

En Castilla y León hay unas 15.000 hectáreas de parques solares en tramitación o construcción, con más de 7.300 megavatios. Con los tipos propuestos, calculan las empresas, la factura potencial para esa superficie iría de 9 a 30 millones de euros al año, y “muchas de esas inversiones se replantearán o se irán a otras regiones”. Como precedente, recuerdan que, tras la creación de la ecotasa eólica en 2012, los promotores avisaron de que Galicia y Castilla-La Mancha, con impuestos parecidos, habían visto paralizarse casi por completo los nuevos proyectos. La exención de dos años que se ofrece a los parques nuevos, añaden, “no cambia el cálculo”: nadie invierte para 30 años pensando solo en los dos primeros.

Las empresas piden a los grupos de las Cortes que retiren la ampliación del impuesto durante la tramitación presupuestaria. A cambio, se muestran dispuestas a negociar con la Junta fórmulas de compromiso con el territorio, como convenios con los municipios, empleo local y usos agrarios compatibles. “Lo que no podemos aceptar es un impuesto nuevo disfrazado de ambiental”, sostienen.