El sector inmobiliario alerta de que el decreto antidesahucios elevará la okupación y reducirá la oferta

Más okupación y menos stock de viviendas en el mercado. Este es el aviso que hace el sector inmobiliario ante la nueva ley que prepara el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para prohibir los desahucios en España a las personas vulnerables, dentro del marco de medidas para paliar los efectos del coronavirus.

Así lo cree por ejemplo la directora general de la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval), Beatriz Toribio, que en declaraciones a Europa Press ha señalado que la principal preocupación para Asval es que el decreto «pueda generar un efecto llamada a la ocupación ilegal». «Estamos a favor de buscar soluciones a los inquilinos afectados por Covid, pero no se puede dar la misma cobertura a ocupas ilegales», ha dicho.

En su opinión, la norma que ha puesto encima de la mesa el Gobierno en forma de Real Decreto «perjudicará a los colectivos con menores recursos» ya que «habrá menos oferta de vivienda, será más cara y los propietarios priorizarán a los inquilinos más solventes».

Más okupación y menos stock de viviendas en el mercado. Este es el aviso que hace el sector inmobiliario ante la nueva ley que prepara el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para prohibir los desahucios en España

«Este acuerdo perjudica al sector, frena su profesionalización y desarrollo y contradice las recomendaciones de organismos internacionales», según Toribio. Recuerda además que el Fondo Monetario Internacional (FMI) no es ajeno a esta polémica y recientemente ha publicado un informe con una advertencia muy clara a los gobiernos sobre los efectos de tomar medidas de este calado: riesgos de sobreproteger a los inquilinos.

Menos oferta de alquiler

Por su parte, el presidente de la Federación Asociaciones Empresas Inmobiliarias (Fadei), Óscar Martínez, ha criticado el texto propuesto por el Gobierno y ha insistido en que la consecuencia que va a tener la norma para el sector es que cada vez va a ser más difícil alquilar una vivienda porque va a haber cada menos oferta en el mercado. «Esto va a pasar, que los propietarios igual decidan vender en vez de alquilar. Tenemos un mercado de vivienda con poca oferta y si encima aprobamos este tipo de temas, vamos a lograr que el mercado se reduzca», ha dicho.

Martínez ha valorado que el Gobierno quiera ayudar a las familias más vulnerables a afrontar los problemas económicos que está generando la pandemia, pero ha advertido de que con medidas como ésta se esté cayendo en el error de favorecer a una parte del mercado mientras se perjudica a la otra.

Óscar Martínez (Fadei) ha criticado el texto propuesto por el Gobierno y ha insistido en que la consecuencia para el sector es que cada vez va a ser más difícil alquilar una vivienda porque va a haber cada menos oferta en el mercado

Martínez señala que los arrendadores pueden salir perjudicados y ha recordado que estos no solo cobran la renta, sino que tienen gastos de comunidad, suministros, derramas de la vivienda y otros gastos a los que deben hacer frente todos los meses. «Lo que está claro es que una de las dos partes va a salir muy perjudicada, porque aunque haya compensación, no será muy fuerte y los propietarios seguirán pagando gastos», ha incidido.

Tramitación de la ley

El texto de la norma que tramita el Gobierno ya está en la comisión general de subsecretarios, paso previo para que se aborde en el Consejo de Ministros y no se descarta que se debata ya en la reunión de este martes, 22 de diciembre, con la duda de si se podrá incluir también en la norma la prohibición de cortar el suministro de los servicios básicos mientras dure el estado de alarma, como quiere Podemos. Esta parte del texto está más verde puesto que aún hay diferencias entre los dos socios del Gobierno, PSOE y Podemos.

En estos momentos, el texto del decreto marcará las normas de la suspensión de los desahucios para las familias vulnerables hasta mayo, cuando está previsto que finalice el estado de alarma decretado por Sánchez. Concretamente, no se realizarán lanzamientos de este segmento poblacional hasta que las autonomías ofrezcan otra vivienda alternativa para el realojo.

El acuerdo también incluye la compensación a grandes tenedores propuesta por el PSOE pero sólo en el caso de que el propietario pueda demostrar que ha sufrido un perjuicio económico. «En ningún caso los propietarios que tuvieran viviendas vacías recibirán compensación económica alguna por parte del Estado», precisaron esta semana en Unidas Podemos.