Sánchez impedirá irse de España durante 5 años a las empresas que reciban subvenciones

El Gobierno avanza en su plan anti-Ferrovial para blindarse ante una posible fuga empresarial derivada de la carga impositiva en España. Para ello, tanto el PSOE como Sumar apuestan en una proposición no de ley conjunta por retener a las empresas que hayan recibido subvenciones por parte de las administraciones, de tal forma que estas compañías no puedan marcharse de España durante 5 años. El Gobierno pretende introducir esta medida en la nueva Ley de Industria, que también incluirá la obligación de que las empresas notifiquen su salida con nueve meses de anterioridad.

La comisión de Industria y Turismo del Congreso de los Diputados ha aprobado la proposición no de ley presentada por PSOE y Sumar para desincentivar los fenómenos de deslocalización empresarial.

En el texto se insta al Gobierno de España a aprobar una estrategia para fortalecer la localización industrial. Los partidos que conforman el Ejecutivo exigen frenar durante un periodo determinado de tiempo la salida de empresas que hayan recibido subvenciones públicas.

«Los beneficiarios de subvenciones computadas a nivel de grupo empresarial, que en el conjunto de las administraciones públicas superen los 3 millones de euros en los últimos cinco años, deberán mantener la actividad productiva al menos durante cinco años en el caso de grandes empresas, tres en el caso de medianas empresas y dos en el caso de pequeñas empresas, entendiendo que se incumple esta obligación cuando procedan de manera efectiva a reducir en más de un 65% su producción o en 500 personas o más su plantilla», reza la citada proposición.

Sin embargo, este blindaje de Sánchez para que las empresas no escapen de sus subidas de impuestas no se queda sólo en esta propuesta. Tal y como revelaron desde el PSOE en la comisión celebrada el pasado 7 de mayo, los cuatro puntos de esta PNL se incluirán en la nueva Ley de Industria.

«Quiero remarcar cuatro elementos que vienen en esta proposición no de ley que presentamos, que ya se debaten también en la futura ley de industria, y esperemos que todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, así como los grandes sindicatos, la patronal y la CEOE de este país, que ya lo han manifestado en esta comisión, sean favorables a la aprobación de una ley de industria», aseguraba la portavoz socialista en la comisión, Adriana Maldonado.

Notificar su salida con antelación

El riesgo de deslocalización de España es muy alto dado los altos tipos impositivos que se han ido consolidando con el Gobierno de Pedro Sánchez. El Ejecutivo de coalición no es ajeno a esta realidad, que ya se ha materializado en casos muy sonados como el de Ferrovial. «Dentro de estas vulnerabilidades, está la deslocalización empresarial, que es un fenómeno por el cual las multinacionales trasladan ciertas actividades a un país diferente del suyo para abaratar costes», reza la citada proposición.

Para frenar esta situación, PSOE y Sumar han presentado una batería de propuestas orientadas a desincentivar los fenómenos de deslocalización empresarial, entre las que destaca una: las empresas tendrán que pedir permiso al Gobierno para salir de España, notificándoselo con nueve meses de antelación. ¿Qué objetivo tiene dar ese tiempo al Ejecutivo? Que éste pueda «negociar medidas que puedan revertir la decisión». Es decir, el Gobierno gana tiempo para abordar una negociación con las empresas y disuadirlas, mediante ayudas o subvenciones, de su intención de abandonar España.

Sin embargo, este lapso de tiempo que se da el Gobierno para intentar convencer a la empresa de que no deslocalice su actividad, juega en contra de las propias compañías. Y es que, si una empresa decide abandonar España para que la voracidad fiscal del Gobierno no lastre sus cuentas, tendrá que esperar casi un ejercicio fiscal para poder ejecutar su salida.

Así, la proposición que presentan los dos grupos del Gobierno choca de forma frontal con la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios, que tanto en su base jurídica como en su objetivo pide «adoptar medidas oportunas para facilitar su ejercicio, entre las que se incluye la armonización de las normativas nacionales de acceso o su reconocimiento mutuo».