Los requisitos del Gobierno dejan fueran a tres de cada cuatro solicitantes del Ingreso Mínimo Vital

Tres de cada cuatro solicitudes de Ingreso Mínimo Vital (IMV) -el 73%- han sido denegadas y sólo llega al 8% de la población que vive bajo el umbral de la pobreza, lo que se atribuye principalmente a la complejidad del procedimiento y los exigentes requisitos. Son los últimos datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que registran casi 100.000 solicitudes pendientes de resolver y una cuantía media de la prestación por beneficiario de 172 euros mensuales y de 436 por hogar.

Actualmente se ha concedido el IMV a 800.000 personas, cerca de la tercera parte de los beneficiarios previstos por el Gobierno, que era 2.300.000 personas. La cobertura del Ingreso Mínimo Vital continúa siendo desigual en el territorio nacional, con comunidades como Cataluña, con el 4,9% de perceptores del ingreso respecto a la población bajo el umbral de la pobreza; Canarias, con el 5,5%, y Baleares, el 5,8%. En el otro extremo, Navarra (22,2%), Melilla (20,3%), Ceuta (19,4%) y Aragón (15,2%).

El análisis, realizado por la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales con los datos oficiales, expone que a pesar de la crisis social, han sido aprobados 337.000 expedientes y el IMV no ejecuta ni la mitad del presupuesto anual. «En nueve meses la Seguridad Social solo ha desembolsado 1.400 millones de euros de los 3.000 anuales previstos», denuncia su presidente José Manuel Ramírez.

Hasta septiembre 2021, se habían recibido 1,45 millones de solicitudes, de las que el 91% eran expedientes válidos. En los primeros 15 meses desde su puesta en marcha, se han tramitado 1,24 millones de solicitudes, mientras que quedan casi 100.00 aun sin resolver (97.513). Del total de solicitudes sólo se han aprobado una de cada cuatro: 337.000 han sido aprobadas y 888.000 denegadas.

«Las denegaciones se producen por la complejidad del procedimiento y la dificultad de cumplir unos exigentes requisitos. El propio Ministerio, en respuesta a través del Portal de Transparencia a petición de nuestra asociación, reconoce que el 60% se han producido por no cumplir el criterio de vulnerabilidad (al superar los umbrales de renta y patrimonio)», explica Ramírez.

Recuerda que se valoran los ingresos de la renta de 2019, año en el que no impactó la pandemia. «El otro 10% de las denegaciones se deben a la falta de acreditación de la unidad de convivencia, para la que se sigue exigiendo el padrón histórico colectivo», añade el responsable de la asociación.

«La cifra de aprobadas no responde a las expectativas depositadas en este nuevo derecho subjetivo», lamenta Ramírez, aunque reconoce una ligera mejora por los sucesivos cambios del procedimiento: en 2020 las resoluciones positivas fueron el 15,3%, en 2021 hasta marzo fueron el 27,9% y hasta septiembre el 30,4%».