Los requisitos del Gobierno dejan fuera del Ingreso Mínimo Vital a más de 350.000 jóvenes

Este viernes, el Congreso de los Diputados ha aprobado el Proyecto de Ley del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en una tramitación parlamentaria exprés. El Consejo de la Juventud de España lamenta profundamente que tras la tramitación parlamentaria 350.000 jóvenes en riesgo de pobreza sigan sin poder solicitar el IMV. PSOE y Podemos han rechazado equiparar las condiciones de acceso de las personas jóvenes a las del resto de población adulta, reiterando en una discriminación etaria que podría ser inconstitucional, como planteó el Defensor del Pueblo en 2020.

Durante la tramitación, los partidos del Gobierno han rechazado las enmiendas presentadas  por el Consejo de la Juventud de España junto con Ciudadanos, Más País, Compromis, ERC y  Bildu. Las enmiendas pretendían equiparar los requisitos de acceso al IMV de las personas  jóvenes a los del resto de población adulta, que como señaló el Defensor del Pueblo en 2020,  suponen una discriminación arbitraria que podría ser inconstitucional. T 

También han rechazado PSOE y Podemos ampliar la edad mínima de solicitud de los  23 a los 18 años, por lo que no todas las personas mayores de edad podrán solicitar esta ayuda  y lo que implica, por tanto, que en España ser mayor de edad no garantiza la igualdad ante la ley, en contra de nuestros principios constitucionales. 

La aprobación en estos términos del IMV deja fuera de esta prestación a 350.000 personas  jóvenes en riesgo de pobreza que, cumpliendo los requisitos que se aceptan para aquellas de  más de 30 años, son discriminadas arbitrariamente y sin justificación por parte del Gobierno. 

Elena Ruiz, Presidenta del Consejo de la Juventud de España, reclama “al Gobierno más  progresista de la historia” que rectifique, pues un país donde 1 de cada 3 jóvenes está en  riesgo de pobreza no puede permitirse una discriminación como la que se está cometiendo  con esta prestación social y señala que desde el CJE se espera que el Gobierno haga los  cambios necesarios cuando la norma continúe su tramitación en el Senado.