La relación de Glovo, Uber y Deliveroo con la CEOE se tambalea tras su negociación con los riders

Terrible sacudida empresarial debido a la ley de riders, que imposibilitará o dificultará hasta el extremo que los trabajadores de envíos a domicilio puedan ser autónomos y contar con distintos clientes.

Las empresas que compartían intereses al ser la mayor parte del ‘food delivery’ en España (Deliveroo, Stuart, Glovo y Uber Eats) han lanzado un comunicado durísimo contra CEOE, que ha negociado por ellos ante el Ministerio de Trabajo en la mesa del diálogo social. Su continuidad en la patronal está en riesgo, según aseguran a este periódico fuentes conocedoras, tras la tremenda decepción causada por la negociación con el Ministerio de Trabajo y los sindicatos. Fuentes oficiales de Uber Eats y Deliveroo no han negado esta posibilidad.

«Lamentamos profundamente la posición que la CEOE ha tenido en la mesa del diálogo social, en la que ninguna de las propuestas del sector del reparto de comida a domicilio ha sido tenido en cuenta», han dicho las empresas de reparto en un duro comunicado. «Las cesiones de la CEOE han sido totales, incluyendo la obligación de revelar los algoritmos, una medida que sin duda afectaría muy negativamente al desarrollo de la economía digital en España además de atentar contra los principios más básicos de la libertad de empresa y la propiedad industrial».

Uber Eats, Deliveroo, Glovo y  Stuart han señalado que después de estas medidas ven difícil la continuidad del sector debido al efecto que «la laboralización forzosa propuesta por el Gobierno podría tener en el colectivo de repartidores, que ha expresado claramente su rechazo, y en el sector de la restauración, que ha pedido al Gobierno una ‘Ley Rider’ que no dañe todavía más al sector de la hostelería».

Según han dicho, «mientras otros países europeos aprueban regulaciones que apoyan la economía digital con mayores protecciones para los repartidores autónomos, España parece ir en dirección contraria, poniendo en peligro un sector que aporta 700 millones de euros al PIB nacional”.

Propiedad industrial

Si taxativo ha sido el mensaje de Uber Eats, Deliveroo y Glovo, no menos lo ha sido el de Adigital, la patronal de la economía digital que está integrada en CEOE: «La inseguridad jurídica derivada de esta norma está también relacionada con la propuesta de que estas empresas tengan que desvelar sus algoritmos, lo que, además vulnera el secreto comercial y la propiedad intelectual de las empresas. Esta medida, por cierto, afectaría no solo a las plataformas digitales de delivery, sino al resto de empresas. En este sentido, creemos conveniente reevaluar el impacto de esta obligación sobre la tan necesaria digitalización de las empresas españolas».

La patronal no ha sido directamente crítica con CEOE, pero sí ha señalado que «durante el proceso de elaboración de la norma, se pueda trabajar para evitar este daño irreversible a un sector en pleno desarrollo y que está contribuyendo a la economía española y proporcionando un servicio de gran valor. Es fundamental que España se sume al debate internacional sobre la regulación del trabajo en plataformas en lugar de regular unilateralmente la cuestión, discriminando un modelo empresarial concreto».