Sánchez pacta con ERC y Bildu la Ley de Vivienda y les deja capitalizar el anuncio

• Nayara Mateo @nayamateo
• Redactora de economía, especializada en el sector inmobiliario, turismo, consumo y distribución. Antes en Expansión, Efe y Brainsre.news.
• • 14/04/2023 10:34
  • Actualizado: 14/04/2023 14:49

El PSOE pacta con ERC y Bildu la Ley de Vivienda y Pedro Sánchez les deja capitalizar el anuncio del pacto alcanzado para sacar adelante su normativa estrella. En concreto, los partidos han comunicado que han llegado a un acuerdo con PSOE y Podemos para cerrar la nueva Ley de Vivienda, que pondrá tope al precio de los alquileres. Los diputados de ERC, Pilar Vallugera, y de EH Bildu, Oskar Matute, han ofrecido una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados a las 11:45 horas de este viernes para dar a conocer este acuerdo.

La Ley de Vivienda lleva atascada un año por los desacuerdos entre los socios de Gobierno. Pese a ello, el sector inmobiliario estaba convencido de que la normativa se iba a aprobar antes de que se celebraran las elecciones generales para «captar votos» porque es una «medida muy populista y que funciona», apuntan diversas fuentes. Esta misma semana, Pedro Sánchez ordenó desbloquear el acuerdo para tener la normativa aprobada antes de las elecciones autonómicas y locales del 28 de mayo.

Aunque aún se desconocen los detalles definitivos de la ley, el acuerdo alcanzado entre los partido implica, entre otras cosas, limitar la subida de los alquileres al 2% en 2023 y al 3% en 2024, así como rebajar el concepto de gran tenedor de diez a cinco viviendas.

No obstante, esto plantea un problema, puesto que esta competencia corresponde las comunidades autónomas, que son las que tienen la responsabilidad en dicha materia. En principio, el anteproyecto de ley establecía que son las regiones las que tienen que declarar las «zonas tensionadas», aquellas donde los precios de los alquileres estén disparados y donde se puede establecer un control de rentas en función de un índice aún no se sabe cómo se va a elaborar.

Este control sólo se aplicaría a los grandes tenedores y son los diferentes Gobiernos de las comunidades autónomas las que decidirán si aplican la normativa o no. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid ya ha confirmado que no lo hará.

Otro de los desacuerdos que surgió dentro de las negociaciones de la Ley de Vivienda es la definición de gran tenedor. El anteproyecto de ley establecía que el gran tenedor es la persona física o jurídica titular demás de diez inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados. Sin embargo, Podemos pedía bajar ese número a cinco inmuebles y este será el nuevo límite.