El presidente de Sareb dimitió por la nueva gestión con criterios de Podemos y por la bajada de sueldo

• Eduardo Segovia @segoviaeduardo
• Corresponsal de banca y empresas. Doctor y Master en Información Económica. Pasó por El Confidencial y dirigió Bolsamanía. Autor de ‘De los Borbones a los Botines’.
• • 11/04/2022 06:45
  • Actualizado: 11/04/2022 08:43

El sorprendente cambio del presidente de Sareb esta semana tras la toma de control del banco malo por el Gobierno obedeció a la dimisión del hasta ahora máximo responsable, Javier García del Río. Detrás de esta renuncia hay dos motivos, según fuentes conocedoras de la situación: la imposición de criterios políticos en la gestión de la sociedad por imposición de Podemos y la bajada de sueldo que implica la nacionalización.

El socio de Pedro Sánchez en el Gobierno ha visto la oportunidad de oro para poder hacerse con el control de la mayor bolsa de activos inmobiliarios de España con la excusa de desarrollar «políticas sociales». Así se incluyó incluso en el Real Decreto de nacionalización de Sareb, que adelantó en su día OKDIARIO. Y hace unos días, Podemos fue más allá y solicitó destinar a alquiler social el 75% de las viviendas de Sareb.

García del Río sucedió a Jaime Echegoyen al frente del banco malo con la intención de cumplir el mandato del mismo -liquidar los activos traspasados por las cajas de ahorros rescatadas antes de 2027- y con mentalidad de gestión de empresa privada. Con esta norma y estas presiones, tendría que haberla gestionado como una empresa pública y con criterios políticos y «sociales», no económicos. Algo a lo que no estaba dispuesto a acceder.

Por otro lado, la propia Sareb ha puesto desde hace años parte de su parque a disposición de las administraciones para dedicarlo a alquiler social. Una iniciativa que no se ha llevado a cabo en muchas ocasiones por las trabas de los diferentes Gobiernos municipales, regionales y nacional con competencias en vivienda.

Tope de 200.000 euros al salario

El Decreto citado contemplaba también la imposición de un tope al salario del presidente en 105.000 euros de salario base más complementos, al equipararlo al régimen de las empresas públicas. En la práctica, eso se traduciría en una retribución máxima de unos 200.000 euros, que es lo que cobra la presidenta de la SEPI, Belén Gualda.

Hasta ahora, el máximo responsable del banco malo podía percibir hasta 500.000 euros, si bien el antecesor de García del Río, Jaime Echegoyen, renunció al variable del ejercicio 2020 y redujo sus emolumentos a 375.000 euros.

No obstante, las fuentes explican que el salario no ha sido el elemento decisivo, ya que el presidente dimisionario estaba dispuesto a cobrar menos si podía seguir llevando a cabo su proyecto como una empresa privada. Pero la citada imposición de criterios políticos hacía inviable esa gestión.