Panamá investiga a la entidad que salvó a Plus Ultra de la quiebra y admite la denuncia de Vox

• Eduardo Segovia @segoviaeduardo
• Corresponsal de banca y empresas. Doctor y Master en Información Económica. Pasó por El Confidencial y dirigió Bolsamanía. Autor de ‘De los Borbones a los Botines’.
• • 25/08/2021 13:44
  • Actualizado: 25/08/2021 17:02

La Superintendencia de Valores de Panamá (equivalente a la CNMV) tiene abierta una investigación a Panacorp, la casa de valores que salvó a Plus Ultra de la quiebra con un préstamo de 7,5 millones de dólares, lo cual permitió a la aerolínea de capital venezolano recibir el rescate de 53 millones de dinero público en España. Asimismo, ha admitido la denuncia de Vox en este sentido, que aporta nuevas informaciones y documentación para la investigación.

En una respuesta al partido de Santiago Abascal, la citada Superintendencia confirma que «actualmente realiza actuaciones relacionadas con los mismos hechos denunciados en su misiva», en referencia a la denuncia de Vox. Y añade que «sin embargo, hemos identificado que se aportan nuevos elementos que serán analizados y se tomarán las acciones y medidas que correspondan».

Entre esas medidas, podrían encontrarse sanciones e incluso la retirada de la licencia de Pancorp, ya que la Superintendencia recalca que este organismo le otorgó la licencia de casa de valores (equivalente a nuestras empresas de servicios de inversión, es decir, broker).

La denuncia de Vox fue presentada por su vicesecretaria jurídica, Marta Castro, y por el diputado Víctor González, responsable económico del partido, y sostiene que ha servido para «maquillar» la situación financiera de la aerolínea y hacerla «elegible» para el préstamo de dinero público otorgado por el Gobierno de España mediante un rescate aprobado por el Consejo de Ministros el 9 de marzo.

A juicio de esta formación, entre 2017 y marzo de 2021 «no se puede identificar una sola anotación, asiento contable, hecho relevante que informe y/o describa el otorgamiento de un préstamo participativo a la aerolínea PU en el año 2018 y que, supuestamente, fue extendido, en el año 2020, hasta el año 2028». En este sentido, Vox también señala que no consta la existencia de uno o varios depósitos de la aerolínea en Panacorp que, supuestamente, servirían de contra garantía al préstamo de 7,5 millones de dólares.

Evitar un concurso de acreedores que impide el rescate

El préstamo participativo de Panacorp supuestamente salvó a Plus Ultra de entrar en concurso de acreedores (suspensión de pagos) por las restricciones a los vuelos y al turismo derivadas de la pandemia. Uno de los requisitos para solicitar el rescate al Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas es no estar en concurso, por lo que la inyección de la casa de valores panameña permitió a la aerolínea acceder al dinero público español.

Claro que la SEPI y el Gobierno se saltaron a la torera los otros dos grandes requisitos de este Fondo: que la empresa sea estratégica a nivel nacional o regional (obviamente, Plus Ultra, que opera tres aviones y no opera ninguna ruta que no haga otra aerolínea, no lo es) y que sus problemas sean puntuales derivados del covid, cosa que tampoco se cumple como demuestra la necesidad del préstamo de Panacorp.

Precisamente, ese incumplimiento está en la base de las denuncias del PP y Vox en el juzgado número 15 de Madrid, en las que acusan a la aerolínea de los delitos de malversación, cohecho, tráfico de influencias y fraude en las subvenciones. El juez sustituto Jaime Serret decidió el 9 de agosto anular la paralización del rescate -decretada por la juez titular, Esperanza Collazos- al no apreciar indicios de delito, y la SEPI hizo efectivo el pago de los 34 millones que faltaban inmediatamente después.

El PP recurrió esta decisión y pidió al juez que pusiera los aviones de Plus Ultra en prenda para que el Estado contara con una garantía en caso de que no devuelva el dinero del rescate. Pero la Abogacía del Estado ha contestado que los tres aparatos de la aerolínea están en régimen de leasing y no son de su propiedad, por lo que no se pueden hipotecar.