Otra derrota en Bélgica eleva a 1.750 millones los embargos a España por los impagos a las renovables

• Carlos Ribagorda @CRibagorda
• Periodista de Economía en Okdiario. Nacido en Madrid. Licenciado en periodismo por la Universidad Complutense.
• • 13/01/2026 00:01
  • Actualizado: 13/01/2026 00:01

Crecen los bienes embargables a España por medio mundo por los impagos a las renovables decretados por el Gobierno de Pedro Sánchez, pese a los laudos en contra en los tribunales de arbitraje internacionales. Un nuevo revés judicial en Bélgica en el proceso contra España de OperaFund eleva ya los embargos a nuestro país a 482 millones de euros, que se suman a los de Estados Unidos, Reino Unido y Australia, rozando ya la cifra de 1.750 millones de euros.

El proceso de OperaFund se inició en 2019 con una resolución vinculante ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), tribunal de arbitraje del Banco Mundial al que España está adherida. El laudo se emitió conforme al Tratado de la Carta de la Energía, del que España era Estado firmante en el momento en que realizó los recortes retroactivos que motivaron las reclamaciones.

Ante la decisión de la entonces ministra Teresa Ribera, continuada luego por su sucesora, Sara Aagesen, de no abonar la indemnización –los impagos a las renovables– OperaFund decidió recurrir a tribunales de diversas jurisdicciones para embargar bienes y créditos del Estado. El monto adeudado en este caso asciende a 29,3 millones de euros, cifra a la que hay que sumar 7,5 millones en concepto de intereses de demora.

El equipo jurídico del fondo presentó una demanda ante los tribunales de Bélgica solicitando la intervención de los pagos que el organismo europeo de navegación aérea, Eurocontrol, realiza periódicamente al proveedor estatal español de servicios de control aéreo, Enaire, cuya sede y cuentas operativas se encuentran bajo jurisdicción belga.

La justicia ha dado luz verde a esta petición, al considerar que el embargo constituye una vía legítima para garantizar la compensación de los afectados por los impagos a las renovables. Como consecuencia de esta decisión de la magistratura belga, se han bloqueado 482,4 millones de euros que, en lugar de transferirse a Enaire, quedan ahora inmovilizados, a la espera de un posible recurso y con vistas a ser transferidos a los acreedores para resarcir las deudas existentes con los acreedores.

La nueva derrota en Bélgica se suma a las cosechadas ya por España en Australia, Reino Unido o Estados Unidos. Durante la segunda mitad de 2025, los tribunales de Estados Unidos registraron los laudos correspondientes a siete procedimientos: Cube, Watkins, Antin, RREEF, 9REN, NextEra e InfraRed.

En total, la justicia de Estados Unidos ha validado una deuda exigible de 691,2 millones de euros, habilitando a los acreedores a activar los mecanismos legales de ejecución disponibles en ese país. Ante esta cascada de resoluciones
adversas, el Gobierno español ha recurrido al Tribunal Supremo, mientras que los inversores han iniciado un procedimiento formal de rastreo de bienes –discovery order– para identificar activos del Estado susceptibles de embargo dentro de la jurisdicción norteamericana.

Mientras, en Australia, el Tribunal Federal dictó en 2025 una sentencia histórica ordenando la ejecución de cuatro laudos –de RREEF, 9REN, Watkins y NextEra– por un importe conjunto de 469 millones de euros. La resolución rechazó de forma categórica los argumentos de inmunidad soberana presentados por España y avaló íntegramente las reclamaciones de los demandantes. España también ha cosechado derrotas en Reino Unido y ha sufrido el embargo de cuatro cuentas por 800.000 euros.

El conflicto de los impagos a las renovables tiene su origen en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que aprobó una prima a estas inversiones del 25%. Cuando Mariano Rajoy llegó al poder en 2012, y para hacer frente a la grave crisis de liquidez que heredó, recortó unilateralmente esas primas al 7%.

Los inversores presentaron una lluvia de laudos al tribunal de arbitraje del Banco Mundial, que les dio la razón en la mayoría, dictando sentencias contra España. El Gobierno de Sánchez decidió entonces no pagar esos laudos y pleitear por medio mundo contra los fondos internacionales, que han acudido a los tribunales ordinarios para tratar de cobrar las indemnizaciones.

El Gobierno mantiene esta estrategia pese a las derrotas judiciales y ha obtenido el apoyo de la Comisión Europea, que le ha ordenado que no pague esos laudos al considerarlos ayudas de Estado. Mientras, los fondos han ofrecido al Ejecutivo negociar para acabar con este conflicto, sin suerte de momento.