Tras los conflictos por el petróleo, la guerra por el agua

Las recientes declaraciones del Ministro de Energía y Presas de Sudán del Sur sobre la inminente construcción de la gran presa de Fula con una inversión de 2000 millones de dólares, que interrumpiría el cauce habitual del Nilo, implican una declaración de guerra a Egipto que ve amenazada su soberanía nacional.

El rio Nilo nace en el lago Tana de Etiopía y pasa por doce países, no es solo un río. Es el eje geoeconómico vital de Egipto del que obtiene el 95 % de su agua dulce, sosteniendo la agricultura del Delta y del valle, la seguridad alimentaria de más de 100 millones de habitantes y gran parte de su PIB. Sin un caudal estable del Nilo, Egipto se enfrentaría a un colapso económico y demográfico. Por eso, cualquier proyecto aguas arriba se percibe como una amenaza existencial a su soberanía hídrica y, en el extremo, como un acto de guerra que pone en riesgo la supervivencia nacional.

Sudán del Sur, por su parte, actúa desde una lógica de desarrollo de su soberanía. Un país joven, con un acceso a la electricidad inferior al 6% y que ha situado a la energía hidroeléctrica como un factor clave de su industrialización, electrificación de sus zonas rurales y como generación de nuevos ingresos mediante futuras exportaciones a Uganda. La presa de Fula, proyectada cerca de Nimule sobre el Nilo Blanco con un potencial estimado en torno a 1.080 MW, forma parte de un paquete de 34 proyectos aprobados en el marco del Consejo de Ministros de la Cuenca del Nilo.

La geoeconomía del Nilo ilustra cómo la geografía de un recurso escaso como el agua, determina las jerarquías de poder y obliga a equilibrar el desarrollo de la soberanía nacional con una interdependencia forzada. Sin unos mecanismos robustos de gobernanza compartida, las presas de Fula se transformarán en unos puntos de fricción y conflicto.

En la última década, las disputas por los recursos hídricos transfronterizos han pasado de ser asuntos ambientales o diplomáticos, a convertirse en unas herramientas clave de la geoeconomía estratégica. El control del cauce de los ríos mediante modernas presas, permite a aquellos estados que se encuentran aguas arriba influir en la productividad agrícola, la generación de energía, la estabilidad de precios de los alimentos y la capacidad de exportación de energía de los países vecinos que habitan aguas abajo.

La combinación del cambio climático con un crecimiento demográfico y la demanda creciente de electricidad verde han hecho estas rivalidades cada vez más intensas. Según los datos publicados sobre el seguimiento de los conflictos hídricos, los eventos relacionados con el agua han aumentado de una forma notable desde el año 2021, con picos en Asia meridional, Oriente Medio y África.

En este contexto, los conflictos entre los países fronterizos por el acceso y control del agua reflejan una transformación profunda de las relaciones internacionales ya que el agua no es solo un recurso natural, sino también un activo económico capaz de influir sobre la seguridad alimentaria, la producción energética, las cadenas de suministro y el crecimiento económico de un país. La agricultura de riego representa gran parte del PIB y del empleo en Pakistán, Egipto, Irak y Uzbekistán.

El control unilateral de los caudales, genera unas asimetrías de poder que se traducen en una presión diplomática, amenazas de represalias comerciales o incluso riesgos de una escalada militar. Veamos algunos casos de estudio relevantes.

Sin duda, la disputa más emblemática es la de la Gran Presa del Renacimiento Etíope sobre el Nilo Azul, una infraestructura que esta redistribuyendo el poder geoeconómico en la región. Etiopía inició su construcción en el año 2011 y completó el llenado y la inauguración oficial justo hace un año, con una capacidad instalada de alrededor de 5.150 MW.

Para Etiopía, la nueva presa es un proyecto de soberanía económica dado que busca multiplicar la generación eléctrica en un país con déficits crónicos, industrializarse, atraer inversión y exportar energía a los países vecinos. El embalse de unos 74.000 millones de metros cúbicos le otorga control sobre el flujo del afluente que aporta cerca del 60 % del caudal del Nilo.

Egipto depende del Nilo para obtener su agua dulce y su economía agrícola basada en el algodón, el trigo y el arroz, hacen de cualquier reducción de caudal una amenaza existencial.

Sudán del Sur ocupa una posición intermedia dado que puede beneficiarse de la regulación de las inundaciones y de la posible electricidad importada, pero teme los impactos en sus propias presas y en la seguridad de las estructuras. Las negociaciones trilaterales fracasaron para alcanzar un acuerdo vinculante sobre el llenado y la operación en los periodos de sequía. Etiopía ha operado de forma unilateral, priorizando sus intereses, lo que ha generado quejas por los descensos de caudal en Sudán del Sur y Egipto.

Etiopía pasa de ser un productor marginal a un actor con capacidad de influencia energética regional. Egipto, históricamente hegemónico gracias a los tratados coloniales de 1929 y 1959 que le garantizaban la mayor parte del agua, ve su posición debilitada. Egipto ha buscado alianzas en el Cuerno de África y el Mar Rojo para contrarrestar a Etiopía que anuncia planes de nuevas presas.

El resultado es un estancamiento que eleva los costes de oportunidad, una menor inversión conjunta, una mayor incertidumbre para los agricultores egipcios y riesgos de una inflación alimentaria que se suma a la incertidumbre de los fertilizantes que no llegan de Ormuz. La ausencia de un régimen de datos compartidos y de reglas claras de sequía convierte el agua en instrumento de presión política, más que en recurso cooperativo.

Otro de los casos de estudio sobre esta materia es el Tratado de Aguas del Indo firmado en 1960, con mediación del Banco Mundial y que asignó a Pakistán los ríos occidentales, Indo, Jhelum, Chenab y a India los orientales, permitiendo a Nueva Delhi el uso hidroeléctrico en los occidentales.

El acuerdo sobrevivió diferentes guerras, pero en abril de 2025 India lo suspendió tras un atentado en Cachemira, condicionando su restablecimiento al cese del apoyo al terrorismo transfronterizo por parte de Pakistán. India restringió temporalmente los flujos de agua en presas como Baglihar, provocando caídas de caudal visibles en Pakistán.

Para Pakistán, el Indo es vital dado que sus aguas irrigan más del 90 % de su agricultura y sustentan una gran parte del PIB y del empleo rural. Cualquier manipulación de los caudales afecta a las cosechas de trigo, arroz y algodón, eleva precios internos y genera presión sobre las reservas de divisas por importaciones de alimentos. India, por su parte, argumenta que el tratado no refleja el cambio climático, el crecimiento demográfico ni sus necesidades de energía limpia, y busca expandir sus proyectos hidroeléctricos.

Geoeconómicamente, el agua se ha convertido en una herramienta de disuasión. Pakistán percibe la suspensión como un acto de coerción económica e India lo presenta como su respuesta a las amenazas a su seguridad. El riesgo es una espiral dado que una menor confianza reduce la cooperación técnica eliminando el intercambio de los datos hidrológicos, aumentando la incertidumbre para los inversores agrícolas y elevando el coste de capital en ambos países.

Por su parte, China ha avanzado en la construcción de mega presas sobre el Yarlung Tsangpo, curso superior del rio Brahmaputra, incluyendo proyectos de gran escala cerca de la Gran Curva, con un potencial de decenas de GW. India responde con sus propios proyectos en un territorio disputado como el Arunachal Pradesh, para establecer derechos de uso previo y mitigar las posibles alteraciones de caudal o inundaciones repentinas.

Geoeconómicamente, el control aguas arriba otorga a China una capacidad de influir en las inundaciones y las sequías en el noreste indio y en Bangladesh. La competencia “presa contra presa” entre ambos países eleva los costes, generando riesgos ambientales compartidos y dificultando la cooperación en un río de enorme potencial hidroeléctrico. Una vez más, la opacidad de los datos convierte la incertidumbre hidrológica en un riesgo económico real para los agricultores e industriales.

Otro ejemplo significativo se encuentra en la cuenca del Mekong, compartida por China, Myanmar, Laos, Tailandia, Camboya y Vietnam. Durante los últimos años, la construcción de grandes presas en los tramos superiores ha provocado tensiones entre los países ribereños debido a las preocupaciones sobre la reducción de caudales y la alteración de los ecosistemas. Vietnam, situado aguas abajo, teme especialmente los efectos sobre el delta del Mekong, una de las regiones agrícolas más productivas del sudeste asiático y fundamental para las exportaciones de arroz.

China posee una posición privilegiada como país aguas arriba y dispone de una gran capacidad para regular los flujos mediante las infraestructuras hidráulicas. Esta situación le proporciona una ventaja estratégica que se suma a su peso comercial y financiero en la región. Los países situados aguas abajo perciben esta dependencia como un factor de vulnerabilidad económica, especialmente porque millones de personas dependen de la pesca, la agricultura y el transporte fluvial para su sustento.

El Proyecto de Anatolia Sudoriental (GAP) de Turquía, con más de 20 presas, ha reducido significativamente los caudales hacia Siria e Irak. Presas como las de Atatürk e Ilısu han priorizado la irrigación y la hidroelectricidad turca. Irak, altamente dependiente de estos ríos para su agricultura y el abastecimiento en el sur, se enfrenta a una creciente desertificación y una crisis de salinidad. Siria, muy debilitada por la guerra, tiene una menor capacidad de negociación. En términos geoeconómicos, Turquía consolida su posición como una potencia energética e irrigadora regional, mientras Irak sufre importantes pérdidas de producción agrícola con unos mayores costes de importación de alimentos y agua desalada.

Los Acuerdos recientes de 2025 entre Turquía e Irak intentan vincular la inversión turca en infraestructura iraquí con la gestión hídrica, el llamado programa “petróleo por agua”, mostrando que la cooperación puede surgir cuando hay una interdependencia económica.

En Asia Central, Kirguistán controla embalses como el de Toktogul y prioriza la generación hidroeléctrica durante el invierno, mientras Uzbekistán y Kazajistán necesitan el agua estival para los cultivos de algodón. Afganistán e Irán, que comparten el río Helmand han tenido fuertes enfrentamientos fronterizos tras las desviaciones afganas, sin olvidar que los EE.UU. y México, con el tratado de 1944 sobre el Colorado, viven las tensiones diplomáticas por las sequías prolongadas y la necesidad de programar recortes compartidos, afectando a la agricultura mexicana del norte

Todos los conflictos señalados, revelan una serie de patrones comunes. Primero, la asimetría aguas arriba-aguas abajo otorga un poder de veto o de coerción al estado superior, que puede condicionar los flujos a determinadas concesiones políticas o económicas.

Segundo, la capacidad de generación hidroeléctrica se ha convertido en un activo estratégico de la transición energética que genera potentes ingresos, reduce las importaciones de combustibles fósiles y proyecta una influencia regional.

Tercero, la agricultura de riego concentra el mayor riesgo a la autonomía estratégica, dado que caídas de caudal se traducen rápidamente en pérdidas de cosechas, inflación de los precios de los alimentos y una presión migratoria.

Cuarto, la ausencia o debilidad de los tratados y acuerdos de arbitraje elevan la incertidumbre y desincentivan la inversión internacional privada a largo plazo con destino a dicha infraestructura compartida. La respuesta geoeconómica racional sería promover la cooperación institucionalizada con el intercambio de datos en tiempo real, reglas de operación conjunta y fondos de compensación, pero la lógica de la seguridad y soberanía nacional con la correspondiente desconfianza prevalece.

Desde el Nilo hasta el Mekong, pasando por el Indo y Asia Central, el agua se ha convertido en un instrumento clave de poder geoeconómico. La capacidad para cooperar en la gestión de cuencas compartidas será un factor decisivo para evitar que, la escasez hídrica se transforme en una fuente permanente de inestabilidad económica y regional.

Las disputas hídricas ilustran cómo el control del agua se ha integrado plenamente en la caja de herramientas de la geoeconomía estratégica entre los diferentes estados. No se trata solo de una escasez física, sino de un poder relativo, de competitividad agrícola y energética y de capacidad de imponer costes a los países vecinos. Sin unos mecanismos más robustos de gobernanza compartida, estos conflictos por el agua seguirán generando unas ineficiencias económicas con crecientes riesgos de escalada y con oportunidades perdidas de desarrollo regional conjunto.

Consociatio ad progressionem praecipua est

José Luis Moreno, economista, profesor de la UFV. Autor de Geoeconomía Estratégica con editorial ESIC.