¿No hay ninguna otra forma de calcular el precio de la luz para que sea más bajo? Sí, y el PP la maneja

• Eduardo Segovia @segoviaeduardo
• Corresponsal de banca y empresas. Doctor y Master en Información Económica. Pasó por El Confidencial y dirigió Bolsamanía. Autor de ‘De los Borbones a los Botines’.
• • 11/08/2021 06:45
  • Actualizado: 11/08/2021 09:01

Los españoles hemos asumido que la constante subida de la luz por encima de máximos históricos es una especie de mal bíblico: es inevitable por el sistema de fijación de precios. Pero, ¿no se puede fijar el precio de otra manera que evite esta escalada? La respuesta es que sí, y es una propuesta que maneja internamente el Partido Popular, según fuentes al tanto de la situación.

Esta propuesta incide básicamente en dos puntos. Por un lado, introducir un precio medio en las subastas para evitar los famosos «beneficios caídos del cielo» (windfall profits) que perciben las tecnologías que no emiten CO2; y por otro, eliminar los cargos que no tienen nada que ver con la energía consumida pero que pagamos los consumidores en el recibo de la luz sin enterarnos, supresión que puede abaratar la factura hasta un 30%.

El precio de la electricidad se determina en una subasta diaria, en la que las generadoras ofertan la energía que producen por un precio. Ese precio diario actualmente es el marginal, es decir, el más alto al que una generadora está dispuesta a vender la electricidad que produce; normalmente, es el de las centrales de ciclo combinado (de gas), por el alto precio del gas natural y porque, al emitir CO2, tienen que pagar unos derechos que también están disparados.

Introducir un precio medio en las subastas

Ese precio marginal es el que cobran todas las generadoras, aunque les cueste mucho menos producir la electricidad (por ejemplo, las nucleares y renovables), y el que se traslada al consumidor. Pero no tiene por qué ser así.  El planteamiento del PP es introducir un precio medio además del marginal en cada subasta. Así, los que oferten por encima del precio medio (las contaminantes), recibirán el precio ofertado (el marginal), y las que pujen por debajo del medio, cobrarán dicho precio medio y no el marginal.

De esta forma, se reduciría el precio que se cobra al consumidor, que sería una especie de media ponderada del marginal y el medio. Es decir, ahora se obtiene el precio multiplicando todos los megawatios vendidos por el precio marginal; y con este sistema, se multiplicarían unos megawatios por el marginal y otros megawatios por el precio medio, con lo que la media ponderada bajaría. Esto está permitido por la UE, que solo impone el mecanismo de la subasta, y es un sistema similar al que utiliza el Tesoro en las subastas de deuda.

Las fuentes explican que habría que afinar ese modelo y que hay otras posibilidades, como introducir varios escalones de precios en las subastas. Frente a este modelo, el Gobierno actual pretende recortar los «beneficios caídos del cielo»con una especie de impuesto para que nucleares e hidroeléctricas (a las demás renovables las ha dejado fuera) devuelvan una parte que, se supone, servirá para abaratar el recibo, aunque no ha explicado cómo se hará.

Suprimir los costes que no tienen nada que ver con la luz

En cuanto a las otras medidas, hay que partir de que, ahora mismo, en torno a la mitad del recibo de la luz no tiene nada que ver con la luz: son impuestos y otros conceptos políticos decididos por los sucesivos Gobiernos, llamados «cargos y peajes». Ahí es donde la propuesta del PP pretende actuar.

Respecto a los impuestos, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha rebajado el IVA del 21% al 10%; una medida que supone un cierto alivio, pero se queda muy corta en los niveles de precios actuales. La formación de Pablo Casado plantea ir más allá y cargarse los otros dos tributos que se incluyen en la factura, el impuesto a la generación y el impuesto especial de la electricidad. Una supresión que, a su vez, rebajaría el IVA aún más puesto que se calcula sobre los otros dos impuestos.

Pero el recorte de verdad vendría en los costes, que deberían pasar a ser sufragados por los Presupuestos Generales del Estado en todo o en parte, ya que son medidas políticas (además, así tendrían que explicarse y debatirse en el Parlamento). Entre esos cargos, tenemos el déficit de las actividades reguladas generado antes de 2013; estamos pagando una compensación a las eléctricas porque en esos años tenían que vender la luz más barata de lo que costaba producirla, y cuesta 2.700 millones al año. La lógica de que se pague con dinero público es la misma por que la que el rescate de las cajas de ahorros no se le ha cobrado a todos los clientes de la banca, sino al Estado.

Otro coste es la llamada «insularidad», es decir, que el suministro a los archipiélagos y a las ciudades autónomas tenga el mismo precio que en la península pese a que su coste es mucho mayor. Supone 565 millones al año. De nuevo, se trata de una decisión política que no tienen por qué pagar todos los consumidores, igual que es el Estado quien subvenciona la bonificación en los billetes de avión a los residentes en estas comunidades y no se paga con un recargo a los billetes de los demás viajeros.

El tercero son las famosas primas a las renovables, esas cuya rebaja adoptada por Mariano Rajoy es responsable de la actual subida de la luz, según María Jesús Montero.  a pesar de esa reducción, siguen suponiendo 6.400 millones al año. Aquí el PP entiende que sí hay cierta justificación para que una parte se mantenga en el recibo, ya que sí tiene que ver con la generación de electricidad, pero considera que una parte sí debe pasar a sufragarse con los Presupuestos.