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Economía
Impuestos

Ni el IRPF ni el IVA: éste es el impuesto oculto que cuesta más de 4.000 euros anuales a las familias de España

Muchos son los impuestos a pagar en España, sin embargo existe uno en concreto que nos afecta de forma indirecta. Un impuesto oculto que no podemos ver reflejado en nuestra nómina y que tampoco vemos desglosado en el ticket de nuestra compra en el supermercado. Nos referimos a la sobreregulación, que nada tiene que ver con tributos clásicos como el IRPF o el IVA, pero que no deja de ser un coste invisible que, según estimaciones recientes, puede llegar a superar los 4.000 euros al año por hogar.

Este impuesto oculto se produce a partir de todas las normativas, trámites , burocracia y obstáculos legales que ralentizan situaciones como abrir un negocio, o por ejemplo, construir una vivienda o registrar un medicamento. Y aunque la intención de muchas regulaciones es proteger derechos o garantizar servicios, cuando se acumulan acaban por retrasar todo, afectando a la ciudadanía. Algo que aparece en un informe llamado La Curva de Laffer Regulatoria, en el que se explica cuál es el impacto económico que tiene la mala regulación y que puede alcanzar los 70.000 millones de euros al año, lo que se traduce en unos 1.470 euros por ciudadano o 4.400 euros por familia. Un dinero que ademá, no se ingresa en las arcas públicas.

El impuesto oculto que cuesta más de 4.000 euros anuales a las familias

Cada vez que alguien intenta emprender en España y se topa con meses de papeleos, permisos y trámites cruzados entre administraciones, ese coste oculto se materializa. Es algo que refleja el informe La Curva de Laffer Regulatoria, elaborado por el Instituto Juan de Mariana y en el que se advierte que la excesiva regulación frena la creación de riqueza. No sólo porque complica los procesos, sino porque cambia el comportamiento de empresas y ciudadanos: muchos desisten antes de empezar, y los que siguen adelante, lo hacen con más gastos, más riesgos y menos incentivos para innovar.

Cuáles son los sectores más golpeados

Uno de los ejemplos más tangibles es el del acceso a la vivienda. En España, urbanizar y construir una nueva promoción puede llevar entre 10 y 14 años, una demora que ha provocado un déficit de más de 420.000 viviendas. Esto, unido a regulaciones fiscales y de alquiler cada vez más restrictivas, ha hecho que conseguir un piso en propiedad o en alquiler se convierta en un desafío económico para miles de familias.

El sector comercial tampoco se libra. España cuenta con hasta 390 normativas diferentes sobre horarios comerciales, lo que nos sitúa según el mencionado informe, como el tercer país de la UE con más barreras al comercio minorista. Según estimaciones del propio sector, reducir en un 10% estas barreras podría generar un impacto positivo de 9.550 millones de euros.

También la economía digital sufre los efectos de la regulación normativa. La ley Rider, por ejemplo, aunque nacía con buenas intenciones, ha terminado reduciendo el empleo y las horas trabajadas en el reparto a domicilio. Algo que también se extiende al ámbito de los vehículos VTC o los pisos turísticos.

La sanidad y el medio ambiente, víctimas también del laberinto normativo

El exceso de regulación también se deja notar en sectores tan sensibles como el farmacéutico. La nueva Ley del Medicamento ha recibido críticas por su falta de transparencia en precios y escasa apertura a la competencia. Según el informe, España tarda, de media, más de 500 días en aprobar nuevos fármacos, muy por detrás de otros países europeos, lo que implica un retraso en el acceso a tratamientos para miles de pacientes.

En el ámbito medioambiental, lejos de liderar, España ha multiplicado por seis la producción normativa de países como Francia, sin lograr mejores resultados. Nuestro país sigue emitiendo más CO₂ por habitante y por unidad de PIB que otros socios europeos. Una normativa densa y poco efectiva que no ayuda ni al entorno natural ni a la competitividad empresarial.

De la curva de Laffer a la curva regulatoria

El concepto de Curva de Laffer, muy conocido en economía fiscal, sostiene que más impuestos no siempre implican más recaudación. Hay un punto en que subirlos empieza a restar. Con la regulación ocurre algo similar: un cierto grado de normas es necesario y saludable, pero más allá de un punto de equilibrio, se vuelve contraproducente.

El Instituto Juan de Mariana traslada esta lógica al mundo normativo con lo que denomina la Curva de Laffer Regulatoria. La idea es sencilla: un marco legal claro y razonable impulsa la economía, pero cuando las reglas se multiplican sin sentido, acaban actuando como un verdadero freno al desarrollo. Y aquí, apuntan directamente al papel del Estado, cuya intervención excesiva puede generar distorsiones en el mercado, inseguridad jurídica y pérdida de confianza.

La Comisión Europea ha puesto el foco también en esta cuestión. En sus recomendaciones a España insiste en reducir el exceso legislativo y simplificar normas, sobre todo para pequeñas y medianas empresas, que son las más afectadas. Menos trabas legales permitirían atraer inversión, mejorar la productividad y, en última instancia, aumentar el bienestar social.

Madrid y el País Vasco: ejemplos de eficiencia normativa

No todas las comunidades autónomas están en el mismo punto. El informe destaca a Madrid y el País Vasco como regiones donde la regulación es más equilibrada y predecible. En estos territorios, el número de normas anuales ronda las 450, mientras que en Cataluña, por ejemplo, se superan las 760 nuevas disposiciones cada año. Este exceso no sólo complica la vida administrativa, sino que multiplica los costes y reduce la competitividad.

Cataluña, junto con otras regiones como La Rioja o Extremadura, muestra una intensidad normativa muy por encima de su PIB, lo que sugiere que ha superado el punto de equilibrio. En cambio, Galicia, Madrid o el País Vasco se mantienen más cerca de ese umbral ideal donde la regulación no ahoga la economía.