De los Mozos asumirá el control temporal de Indra y pedirá prorrogar su contrato esta misma tarde

José Vicente de los Mozos, actual consejero delegado (CEO) de Indra, será el encargado de asumir el control ejecutivo de la compañía cuando se oficialice la dimisión de su presidente Ángel Escribano. Además, según ha podido confirmar OKDIARIO, pedirá prorrogar su contrato esta misma tarde.

Su mandato, tal y como detallan fuentes internas de la compañía, será provisional y estará sujeto a lo que pueda suceder este miércoles durante la celebración del consejo de administración extraordinario.

En cualquier caso, De los Mozos pedirá extender al menos un año más su compromiso laboral como CEO de Indra dado que el acuerdo firmado finalizaría el próximo mes de junio.

Asimismo, las fuentes consultadas apuntan que Moncloa habría propuesto a De los Mozos ser el próximo presidente de la compañía, aunque los de Sánchez actualmente barajan tres candidatos más para sustituir a Escribano: Miguel Sebastián, Raül Blanco y Ángel Simón. Este último se sitúa como el favorito en las predicciones.

Cabe recordar que las tensiones existentes entre Escribano y el actual consejero delegado estuvo en gran medida provocado por la afinidad del Ejecutivo -a través de la SEPI- con De los Mozos.

De hecho, este último estuvo a poco de proponer su dimisión a cambio de una indemnización millonaria, pero finalmente no contó con el beneplácito y decidió permanecer en su posición. Ahora la máxima accionista de la compañía (28%) busca amoldar la nueva estructura de la entidad a las exigencias de Moncloa.

Indra se desploma en Bolsa

Las acciones de Indra han caído en Bolsa más del 12% tras conocerse la noticia de la dimisión de Ángel Escribano como presidente de la compañía. Con respecto al cierre del martes, los valores se encuentran en positivo por la tónica alcista general que viven los mercados a causa de la rebaja de las tensiones por la guerra de Irán.

Sin embargo, desde las 1:15 horas, esta empresa ha experimentado un brutal descalabro. Esta caída, a grandes rasgos, supone una destrucción de casi 1.000 millones de euros por la caída de la capitalización. Por ello, dada la participación de la SEPI, el Estado está perdiendo alrededor de 300 millones de euros con este movimiento.