Economía
Renovación de la SEPI

Montero coloca a su guardia de corps del PSOE Andaluz en los puestos clave de las empresas públicas

  • Eduardo Segovia
  • Corresponsal de banca y empresas. Doctor y Master en Información Económica. Pasó por El Confidencial y dirigió Bolsamanía. Autor de ‘De los Borbones a los Botines’.

María Jesús Montero sigue colocando a sus personas de confianza provenientes de sus tiempos en la Junta de Andalucía en los puestos clave de Hacienda y de las empresas públicas españolas; el último ejemplo, el nombramiento de Belén Gualda como nueva presidenta de la SEPI en sustitución de Vicente Fernández Guerrero. Un control que le permitirá rescatar empresas en apuros, como Abenewco 1 (Abengoa), y crear nuevas compañías públicas en su región en plena batalla por el control del PSOE de Andalucía.

Montero ya había traído a Madrid a Gualda, que fue directora de la Agencia de Obra Pública de Andalucía con Susana Díaz, para presidir Navantia en septiembre. Margarita Robles, ministra de Defensa, había exigido la cabeza de su antecesora, Susana de Sarriá, con lo que  Gualda se convertía en la cuarta presidenta del astillero público en cuatro años.

Gualda ha sustituido a uno de los principales generales de Montero, Vicente Fernández Guerrero, que dimitió como presidente de la SEPI en 2019 por su implicación en el caso Aznalcóllar y cuyo puesto estaba vacante desde entonces, algo que ya era insostenible con todos los escándalos que azotan al holding empresarial público.

Pero, además de la SEPI y Navantia (donde ahora tiene que nombrar nuevo presidente antes de que el Rey inaugure un nuevo submarino el día 22 en Cartagena), Montero ha colocado a sus antiguos compañeros de la Junta en diversos puestos clave: Inés Bardón (exsecretaria general de Finanzas de la Junta) como secretaria de Estado de Hacienda, María José Gualda (exSecretaria General de Hacienda en Andalucía) como secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, Gabriel Alconchel (PSOE andaluz pata negra e íntimo de la ministra) como jefe de su gabinete, Ricardo Domínguez (ex director de la Fundación Patrimonio Cultral Olivarero) como jefe de gabinete de Navantia, o Miguel Ángel Santiago como director corporativo de la SEPI (lo trajo Fernández Guerrero).

Además, ha colocado en el ministerio como asesores a un buen puñado de sus fieles de su época en la Junta, algo que no ha sentado demasiado bien entre los altos funcionarios del Ministerio: «Son muchos, vienen a Madrid los martes y se vuelven a Sevilla los jueves, van a las reuniones sin leerse los papeles… y todo, por ser amigos de la ministra», señala una fuente del departamento.

Favorecer Andalucía en medio de la lucha por el control del PSOE

A estos ascensos y colocaciones hay que sumar la presidencia de Correos, en manos del jerezano Juan Manuel Serrano, amigo personal de Pedro Sánchez.  El contexto de estos movimientos es la disputa por el liderazgo del PSOE de Andalucía entre Susana Díaz y el candidato sanchista, Juan Espadas (actual alcalde de Sevilla), con vistas a recuperar la Junta tras la derrota electoral ante el PP-Ciudadanos y Vox.

Con esta perspectiva, Montero está extendiendo sus tentáculos para asegurarse el control de las empresas públicas estatales, con las que poder favorecer en el futuro a Andalucía en términos de inversiones y empleo. Asimismo, también tiene en sus manos el Fondo de Apoyo a la Solvencia a las Empresas Estratégicas, el famoso fondo de rescate de 11.000 millones de la SEPI.

A través de este fondo, puede decidir a qué empresas rescata y a cuáles no, como ha demostrado hasta ahora: solo ha ayudado a cuatro compañías desde julio del año pasado y en dos de ellas -Duro Felguera y, sobre todo, Plus Ultra- la decisión ha sido claramente arbitraria. De nuevo, puede favorecer a aquellas más importantes para Andalucía, como Abenewco (la filial donde se ha traspasado el negocio de Abengoa, que está en concurso de acreedores). Se trata de la principal empresa industrial de la comunidad, donde se ubican unos 2.500empleados de los 14.000 que tiene en  todo el mundo, y que será rescatada, salvo sorpresa mayúscula, con 249 millones de dinero público.