La ministra de Hacienda abre la puerta a la politización en la selección de los altos funcionarios

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que dirige María Jesús Montero pretende abrir la puerta a la ‘invasión democrática’ del cuerpo de altos funcionarios del Estado y también a su politización. El instrumento es el plan de acceso a la función pública que ahora se negocia principalmente con los sindicatos mayoritarios UGT, CCOO y CSIF, en el que se contempla una rebaja cualitativa sustancial de los exámenes y pruebas así como la introducción de criterios subjetivos para favorecer la promoción interna.

El programa de ingreso en la función pública debe ser aprobado antes de final de año y augura un cambio trascendental en los requisitos de acceso a la élite de la Administración. Esta modificación está inspirada en los nuevos aires que se respiran en el Gobierno -ya presentes en la reforma de la educación general y en el modelo de Universidad- y que se basan en «repensar la fórmula de selección» con el pretexto de que la actual «es demasiado compleja, se basa más de lo aconsejable en el aprendizaje memorístico y no sirve para captar debidamente los nuevos talentos y aptitudes más propicias para la nueva época», según Julio Ranses, presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado.

La iniciativa de la ministra Montero ha hecho saltar todas las alarmas no sólo entre los inspectores tributarios sino también entre los abogados y los ingenieros del Estado. La intención tácita del Gobierno es reducir sensiblemente el nivel de los conocimientos exigidos tanto para la promoción interna como para los que aspiran a ocupar una plaza en el turno libre, al que optan los licenciados en general. Estas nuevas ideas se concretan en la supresión de los exámenes orales y su sustitución por unas pruebas tipo test, que deberían ser complementadas con entrevistas personales así como con la evaluación de méritos y de actitudes a cargo del superior jerárquico -sobre todo en los casos de la promoción interna-, lo que representa una bomba de relojería que daría paso «a la completa discrecionalidad, arbitrariedad» y finalmente a la politización del acceso a los altos cuerpos, en opinión de Ranses.

A estas maniobras no es ajeno Gesta, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, tradicionalmente enfrentado a los inspectores tributarios, y cercano a las tesis de partidos socios del Gobierno como Podemos e incluso a algunas de las formaciones que apoyan al Ejecutivo del tipo de Esquerra Republicana de Cataluña, favorables a «democratizar los cuerpos superiores de la Administración por la vía de facilitar la integración de los niveles inferiores», de acuerdo con los medios consultados.

Igualmente interesados están los sindicatos mayoritarios que negocian el plan de acceso, que es la segunda parte del acuerdo alcanzado entre el Gobierno, UGT y Comisiones Obreras sobre el aumento salarial de los funcionarios durante los próximos años. Estas subidas serían en cualquier caso menores a las que se obtendrían a través de la promoción interna, al avanzar en el nivel administrativo, por lo que una relajación de los criterios constituye un objetivo esencial para completar con éxito la negociación y las aspiraciones sindicales.

Hasta ahora, los aspirantes a la promoción interna en el cuerpo de inspectores fiscales contaban con algunas ventajas «razonables» como la exención de algunas asignaturas y temarios -que ya habían sido superados por su experiencia en la Administración-, disponían de tres meses de ‘vacaciones’ para preparar las oposiciones así como de un curso pagado a fin de superar las pruebas. «Esto nos parece que ya era suficiente, pero alterar el resto de los pasos con un recorte de la calidad de los exámenes y la introducción de parámetros subjetivos desembocará en un peor servicio público», asegura Ana de la Herrán, vicepresidenta de la Asociación de Inspectores, que también vaticina en el futuro «períodos de conflictividad social y laboral» debido a la injerencia e influencia del poder político en un cuerpo profesional altamente cualificado que debería estar al margen del intervencionismo oficial.

El cuerpo de inspectores fiscales está compuesto por casi dos mil efectivos y, aunque se esperan hasta 300 jubilaciones en los próximos cinco años, esto no puede convertirse en el pretexto para «aumentar masivamente el personal a través de la promoción interna, reduciendo el nivel de exigencia con la excusa de luchar contra el fraude fiscal -como aduce el sindicato Gesta-, porque los subinspectores y el resto de los técnicos de la Agencia Tributaria ya lo combaten desde sus actuales responsabilidades». «Deberían pasar las mismas pruebas y con las mismas exigencias que ahora, y lo digo yo, que promocioné desde el puesto de subinspector», asegura Julio Ranses.