Miles de españoles atrapados en el asalto a BPA han sido penalizados por la amnistía fiscal
Los dueños de BPA se querellarán contra el comisario Martín Blas por “coacciones” y “amenazas”
Un ministro de Andorra sacó dinero de BPA horas antes de su intervención y otro cobró de la entidad
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Más de 11.000 empresarios españoles que tenían sus ahorros en el andorrano BPA no han podido ponerse al día con Hacienda al no poder disponer de la liquidez necesaria para regularizar su situación. Es lo que denuncia la plataforma de afectados que, en declaraciones a OKDIARIO, ha señalado que “muchos de los empresarios que tenían su dinero bloqueado se han visto obligados a efectuar donaciones a fundaciones y ONG’s para evitar cualquier tipo de problema”.
Desde el pasado uno de enero, Hacienda puede comprobar los datos bancarios de todos los españoles con cuentas bancarias en Andorra, tras la entrada en vigor del convenio de intercambio automático de información firmado con el Gobierno del país. Y es que estos empresarios no han podido ‘hacer las cosas bien’ ya que no han podido disponer del dinero que tenían en BPA, toda vez que el Vall Banc, que fue la entidad que recibió los activos sanos de la entidad extinguida, no les permite acceder a su dinero, con el beneplácito del Gobierno de Andorra.
Desde la plataforma de afectados insisten en preguntarse qué habría pasado en España si un banco no diera el dinero a sus clientes. “Sería intervenido en cuestión de minutos”, denuncian. Y es que, según las mismas fuentes, el bloqueo no se está produciendo únicamente en las cuentas corrientes, sino también en todo aquel con ahorros en renta variable o en el mercado de divisas.
Credit Suisse, responsable
Según los abogados de la plataforma, el motivo del bloqueo pasa porque la entidad con la que operaba BPA, Credit Suisse, ha dejado todas las operativas en suspenso, lo que bloquea el acceso de los clientes a su dinero.
Además, para más inri, según cuenta Merca2.es, desde PwC temen, según los afectados, que “pueda tratarse de dinero de dudosa procedencia”, motivo por el cual el Gobierno de Andorra ha preferido impedir traspasos a la entidad que asumió los activos de BPA. De este modo, son los afectados quienes deben probar ahora la procedencia del dinero. El problema: que muchos de esos datos los tenía la extinta BPA, por lo que resulta “prácticamente imposible analizarlo”.
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