Mientras todo el mundo habla de la edad de jubilación, el Gobierno activa un plan secreto para la jubilación de los funcionarios

El tema de la jubilación vuelve a estar encima de la mesa y cada vez que se habla de ello aparece la discusión sobre a qué edad nos retiraremos y cuánto tiempo habrá que seguir trabajando. Pero lejos de ese debate más general, dentro de muchas administraciones públicas había otro problema abierto desde hace meses. Trabajadores o de hecho, funcionarios que pensaban acogerse a la jubilación parcial se encontraron con los trámites bloqueados y sin apenas explicaciones claras sobre cuándo podría resolverse la situación.

`Pero el Gobierno quiere ahora desbloquear esa situación, con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones trabajando en un real decreto para reactivar este sistema entre el personal laboral del sector público, después de que los cambios aprobados en 2025 complicaran enormemente los contratos de relevo necesarios para acceder a esta modalidad. El problema se fue notando especialmente en ayuntamientos, universidades y organismos públicos donde numerosos funcionarios tenían previsto reducir jornada y acogerse a la jubilación parcial antes de retirarse definitivamente. Sin embargo, muchos procesos quedaron parados durante meses porque las administraciones no conseguían adaptar las nuevas exigencias legales a su sistema de contratación.

El Gobierno activa un plan secreto para la jubilación de los funcionarios

El origen del problema de la jubilación parcial en el caso de los funcionarios, está en una modificación normativa que entró en vigor en abril de 2025. Desde ese momento, la ley empezó a exigir que el trabajador relevista tuviera un contrato indefinido y además a jornada completa, una condición imprescindible para poder formalizar la jubilación parcial.

Sobre el papel parecía una medida sencilla, pero en la práctica el sector público se encontró con muchas dificultades para aplicarla. Las administraciones no funcionan igual que las empresas privadas. Las contrataciones dependen de ofertas públicas de empleo, límites presupuestarios y procedimientos mucho más lentos, así que cubrir esas plazas se convirtió en algo bastante complicado.

El resultado fue inmediato. Muchos expedientes quedaron paralizados y miles de empleados que tenían previsto reducir jornada antes de jubilarse tuvieron que seguir trabajando en las mismas condiciones porque sus organismos no podían cumplir el requisito del contrato de relevo. El problema se notó especialmente en ayuntamientos y universidades, donde esta fórmula llevaba años utilizándose para facilitar un relevo progresivo de plantillas sin perder experiencia de golpe.

La fórmula que se plantea ahora 

Después de meses de negociaciones con los sindicatos, el Ejecutivo ha decidido introducir una adaptación específica para el sector público. El principio de acuerdo alcanzado con CCOO y UGT abre varias vías para poder cumplir la exigencia legal del relevista sin bloquear los procesos.

Una de ellas permitirá utilizar candidatos que ya hayan superado un proceso selectivo aunque todavía no hayan tomado posesión de la plaza. La otra opción contempla contratar personal interino siempre que el puesto esté vinculado a una oferta pública de empleo que ya se encuentre en marcha. Con esta modificación se intenta desbloquear una situación que llevaba meses generando malestar tanto entre trabajadores próximos a la jubilación como dentro de las propias administraciones.

Por ahora, la medida afectará principalmente al personal laboral, que es el colectivo que tiene reconocida esta modalidad en condiciones similares a las del sector privado. Aun así, los sindicatos llevan tiempo reclamando que también pueda extenderse a funcionarios de carrera, interinos y personal estatutario.

Quién puede pedir la jubilación parcial

La jubilación parcial permite reducir la jornada laboral antes de acceder a la jubilación definitiva. El trabajador continúa en activo, aunque menos horas, y al mismo tiempo empieza a cobrar una parte proporcional de la pensión. En líneas generales, esta modalidad permite adelantar el retiro entre dos y tres años respecto a la edad ordinaria de jubilación, aunque para acceder hay que cumplir determinados requisitos.

Uno de los más importantes es acreditar un periodo mínimo de cotización que normalmente ronda los 33 años. También se exige haber alcanzado una edad mínima determinada y que la reducción de jornada se mantenga dentro de unos límites concretos, habitualmente entre el 25% y el 50%. La parte de jornada que deja vacante el trabajador es precisamente la que asume el relevista contratado por la Administración.

Cómo queda la pensión durante esta etapa

Una de las cuestiones que más dudas suele generar tiene que ver con el salario y la pensión durante esos años de transición. El funcionamiento es bastante directo. Si un trabajador reduce su jornada un 50%, empezará a cobrar también el 50% de la pensión que le corresponda en ese momento y seguirá percibiendo el otro 50% de su sueldo por las horas que continúa trabajando.

Durante todo ese tiempo además se sigue cotizando, algo importante porque cuando llegue la jubilación completa la pensión volverá a recalcularse teniendo en cuenta también esas nuevas cotizaciones. Esa es precisamente una de las principales ventajas frente a otras modalidades de retiro anticipado. En la jubilación parcial con contrato de relevo no suelen aplicarse coeficientes reductores permanentes sobre la pensión final, ya que el trabajador mantiene las cotizaciones mientras sigue parcialmente en activo.

La normativa también permite cierta flexibilidad para organizar la jornada. En algunos casos se puede concentrar el tiempo de trabajo en semanas o meses concretos y librar durante otros periodos del año, siempre respetando la reducción acordada.

Miles de empleados siguen pendientes de la aprobación definitiva

Aunque el acuerdo ya está avanzado, el real decreto todavía tiene que aprobarse oficialmente para que las administraciones puedan volver a tramitar estas jubilaciones con normalidad. Mientras tanto, muchos trabajadores públicos siguen esperando una solución que llevaba más de un año bloqueada y que afecta directamente a la forma en la que podrán afrontar los últimos años antes de su jubilación definitiva.