El 55% de los empresarios renuncia a los fondos europeos por la «mala gestión» de Nadia Calviño

Un 54,7% de los empresarios ha rechazado solicitar los fondos europeos y el 78% opina que la gestión de estas ayudas de la Unión Europea, de la que es responsable la vicepresidenta Nadia Calviño, es «negativa o muy negativa». Este es el resultado de la última encuesta del Círculo de Empresarios en la que han participado más de dos centenares de compañías de diversos tamaños y sectores de actividad.

Según Miguel Iraburu, presidente del Grupo de Trabajo, que ha realizado la encuesta, «las empresas desechan los fondos de nueva generación ante la multitud de trabas burocráticas que hay que sortear y la cantidad de trámites que es obligado cumplir». «Al final, llegan a la conclusión de que es un lío y prefieren no afrontar la carga de tiempo que implica tratar de acceder a las ayudas sin garantía alguna de alcanzar el objetivo», ha apuntado al respecto.

En su opinión, «lo ideal es que en España se hubiera creado una agencia especial para gestionar estos fondos como sucedió en Italia, donde la presidió al comienzo de su puesta en marcha una personalidad del prestigio internacional de Vittorio Colau», ex consejero delegado de Vodafone, que fue también ministro para la Innovación Tecnológica y la Transición Digital en el Gobierno de Mario Draghi.

Por el contrario, apunta Iraburu, «en España nos hemos metido en un tinglado administrativo absolutamente ineficaz en el que participan las autonomías y los ayuntamientos, y esto hace la gestión realmente insufrible que exige presentar miles de papeles, y este proceso acaba en el desistimiento de los empresarios, con el resultado final de que las ayudas no llegan y no cumplen el propósito para el que están concebidas».

Ricardo Martínez-Rico, ex secretario de Hacienda en el último Gobierno de Rajoy y actual presidenta de la consultora Equipo Económico, considera que «la llegada de los fondos a las empresas va con un gran retraso y que la ejecución va a llevar mucho tiempo». En cualquier caso, asegura, «la Comisión Europea está muy interesada en que este plan salga bien, prolongará lo que haga falta los plazos de entrega, o sea que los recursos acabarán llegando pero de manera mucho más lenta y dilatada». «Es una desgracia, en todo caso, que el impacto de estas ayudas europeas, por la modestia de los fondos europeos recibidos hasta la fecha, no haya tenido todavía efecto en la Contabilidad Nacional, donde se mide con exactitud el crecimiento real de la economía», ha apuntado.

España tiene concedidos 140.000 millones de fondos de la UE, la mitad en ayudas directas y el resto en préstamos cuyos intereses hay que satisfacer y que la vicepresidenta Nadia Calviño se ha resistido a solicitar hasta el último momento. Italia fue el país más beneficiado en el reparto decidido por Bruselas con más de 200.000 millones, en atención a que fue el estado más perjudicado por la pandemia. Ya desde el primer momento, el entonces primer ministro Draghi decidió solicitar el conjunto de las ayudas, incluidos los préstamos.

Según los presupuestos del Estado para 2023 aprobados el martes por el Gobierno, los fondos captados por España crecerán un 6,7%, hasta 28.692 millones. Esto permitirá al presidente rentabilizarlos al máximo en un año plenamente electoral, y explican el fuerte crecimiento de la inversión pública el próximo año. En todo caso, y hasta ahora, la cifra de ejecución real viene siendo muy inferior a la presupuestada, en sintonía con la queja de los empresarios.

Por otra parte, las empresas que han participado en la encuesta valoran de forma generalizada como muy negativa la situación económica actual y sus perspectivas para el año próximo. El 77,7% de los preguntados considera que hasta después de 2023 no regresaremos al nivel de PIB que teníamos en 2019, antes de la pandemia. También sus expectativas son pésimas en lo que se refiere a la situación de su sector y de su empresa.

Según el sondeo, los principales obstáculos a la competitividad en España los lidera la carga regulatoria (77,7%), la calidad institucional (73,5%) y la seguridad jurídica (72,6%). En relación con las reformas estructurales que necesita nuestra economía, entre las más urgentes está la que afecta a la eficiencia de las Administraciones Públicas. El 95% de los encuestados considera ineficiente el uso de los recursos públicos en España, un 74,9% cree que hay que evaluar la eficiencia del gasto y un 64,6% que se precisa llevar a cabo una reforma estructural de las AA.PP.