Más de 220 clientes de BPA demandan al Gobierno de Andorra por la intervención del banco

Más de 366 millones de euros. Esa es la cantidad que más de 220 clientes del extinto Banco Privado de Andorra (BPA) quieren recuperar tras presentar una demanda contra el Gobierno de Andorra que decidió hace casi un año intervenir la entidad al detectar las autoridades americanas que alguno de sus clientes podía estar blanqueando dinero.

Al final se descubrió que, de las 29.000 personas que componían toda su clientela y empleados, 923 podrían haber incurrido en estos delitos algo que no justifica una intervención en opinión del abogado Javier Cremades, que lidera esta demanda.

Para combatir a estos delincuentes el Gobierno de Andorra, impelido por las autoridades americanas, decidió intervenir la entidad cuando el Ejecutivo de aquel país se encontraba en funciones pero sobre todo y lo más grave, es que Andorra carecía de una ley de intervención bancaria y por tanto, afirma Cremades, desde el primer momento se estuvieron dando palos de ciego y tomando decisiones que vulneraban cualquier norma jurídica por su precipitación.

«Antes de intervenir hay otros cauces para abordar un asunto de esta gravedad que puede suponer además, un riesgo sistémico para las entidades del país», afirmó el presidente del bufete que lleva su apellido. 

Los clientes de la entidad andorrana cumplían con toda la legislación, andorrana y europea pero la agencia americana que persigue los delitos financieros (FinCen, por sus siglas en inglés) puso una alarma pues habían detectado que podría estarse haciendo blanqueo de capitales.

Ante la duda, el Gobierno Andorrano en vez de estudiar el caso detenidamente, argumentan los abogados defensores, decidieron optar por la intervención que tuvo su paralelismo en España con Banco de Madrid que era la ficha con la que operaba BPA en nuestro país y cuyos propietarios, en ambos casos, eran los hermanos Cierco.

EEUU dio marcha atrás

Tras ampliar la investigación, fue el propio departamento del Tesoro USA el que decidió retirar ese aviso por blanqueo lo que demuestra que la práctica no era generalizada. De hecho, se identificaron a 923 personas incurriendo en estas prácticas en un colectivo de 29.000 clientes.

A preguntas de OKDIARIO los abogados aclararon que fue tal la precipitación de todos los acontecimientos que Andorra, que carecía de una Ley para intervenir bancos, tuvo que desarrollar la misma una vez ya intervenido BPA y dictarse un decreto ad hoc para el bloqueo de todas las cuentas.

Esta actuación gubernativa supuso también el cierre de Banco de Madrid, (que al ir protegido por el Banco de España sí ha conseguido que sus depositantes recuperen su dinero) entidad ésta en concurso de liquidación y a la espera de saldar a los acreedores.

A las limitaciones que tienen los clientes andorranos, que tienen todo su patrimonio bloqueado y sólo pueden sacar 2.500 euros semanales, se suma un horizonte judicial que se estima largo pues Cremades descartó la posibilidad de que se celebre el juicio este año y no garantiza si será 2017 cuando se aborde el asunto.

Esta demanda de minoritarios se suma a las medidas que ya adoptaron los que eran los accionistas de referencia de BPA y Banco de Madrid los hermanos Cierco, (Higini y Ramón) que dirigen sus querellas a quien dio la alarma inicial, el FinCEn y el Departamento del Tesoro estadounidense.

Una opción que de momento descartan los minoritarios que a través de Cremades sí contemplan que se tratase de un aviso de las autoridades americanas a un país que había convertido el secreto bancario en una de sus fuentes de riqueza. Eso sí, aclaran las mismas fuentes, dentro siempre de los parámetros que establecían las leyes internacionales de banca.

Esta actuación, concluyen, no sólo ha arruinado el futuro de todos los clientes y depositantes de BPA sino que pone en tela de juicio la fiabilidad de Andorra como plaza financiera pues más del 60% de los involucrados en esta demanda no son ciudadanos andorranos.