Marina d’Or lleva a Marruecos a un arbitraje y reclama al país 407 millones

Marina d’Or, la empresa de Castellón que a mediados de los años noventa levantó los conocidos complejos turísticos y de vivienda, reclama a Marruecos 407 millones de euros en un arbitraje internacional, en un momento especialmente delicado para las relaciones diplomáticas entre España y el país africano.

El despacho B. Cremades & Asociados, que representa a la compañía española, ha presentado una solicitud de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) contra el Reino de Marruecos.

La inmobiliaria española explica que, en 2004, participó en una iniciativa lanzada por Marruecos para la descongestión de núcleos urbanos mediante la creación de nuevas ciudades satélite. Tanto el Banco Mundial como la Unión Europea respaldaron el proyecto.

Marina d’Or, que entre la explosión de la burbuja inmobiliaria y la actualidad ha superado un concurso de acreedores, se involucró en dos proyectos en Marruecos.

‘Nueva Ciudad de Tamesna’ fue concebido a las afueras de Rabat. Marruecos se comprometió, de acuerdo a la versión de la empresa española, a dotar a complejo de todos los equipamientos e infraestructuras necesarias, y la nueva ciudad quedaría conectada a la capital por autovía, tren y otros servicios de transporte.

Ahora Marina d’Or asegura que la «inacción del Gobierno marroquí» unida a la modificación urbanística del país, «han abocado a que aquella idílica ciudad se reduzca actualmente a unos cuantos edificios aislados, que ni siquiera cuentan con servicio de recogida de basuras, rodeados de mercadillos ilegales».

El grupo español también participó en la construcción del complejo ‘La Perla de Tánger’. Pero, durante la ejecución del proyecto, la compañía fue «víctima de un bloqueo administrativo resultante de conflictos internos entre las autoridades marroquíes», lo que se ha traducido en la «pérdida irremediable y total de la inversión proyectada», lamentan fuentes cercanas a la empresa.

Marina d’Or asegura que, antes de presentar la solicitud de arbitraje, ha tratado de negociar con el Gobierno marroquí, sin éxito. El abogado Bernardo Cremades Jr, afirma que en Marruecos «se producen preocupantes atropellos a las inversiones españolas». Jesús Ger, fundador y presidente de Marina d’Or, también ha mostrado su «indignación» con las autoridades marroquíes por el trato recibido.

La solicitud de arbitraje se fundamenta en las garantías de protección de inversiones establecidas en el Tratado Bilateral de Promoción y Protección de Inversiones suscrito entre España y Marruecos de 11 de diciembre de 1997, en el que se incluye una cláusula de arbitraje internacional ante el CIADI.

La presentación del arbitraje se produce en un momento de tensión entre España y Marruecos.

Aunque recientemente se han recompuesto las relaciones, la relación quedó rota en abril del pasado año después de que trascendiera la presencia del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, en España. Marruecos, en represalia, facilitó la entrada de miles de inmigrantes ilegales en España.

La decisión, el pasado mes de marzo, del Gobierno de Pedro Sánchez de modificar la postura española sobre el estatuto del Sahara Occidental, considerando la propuesta marroquí al respecto, ha reconducido la relación entre los dos países.