La UE vota para evitar la filtración de datos de evasores fiscales

En la tarde de este martes la UE y su proverbial lentitud en hacer casi todo empezará a abordar los llamados papeles de Panamá. Parece que hay 200.000 propietarios europeos de empresas offshore en Panamá y por este motivo la Eurocámara comenzará a analizar parte de la información revelada para debatir sobre la eficacia de las medidas existentes en el Viejo Continente en la lucha contra el blanqueo de capitales, la evasión fiscal y otros asuntos relacionados.

Después, el jueves los parlamentarios europeos deberán votar una directiva europea sobre secretos comerciales. Este asunto se viene abordando desde el año 2013 cuando se puso en marcha una iniciativa de la Comisión que básicamente lo que hace es blindar la información empresarial no divulgada en contra de su adquisición ilegal, su uso y su revelación. Para la Comisión Europea, el secreto comercial es toda aquella información valiosa o considerada confidencial que puede dar a una empresa ventaja competitiva sobre otra.

Desde Bruselas se argumenta que las empresas europeas están cada vez más expuestas a que se apropien indebidamente de sus secretos comerciales por lo que se quiere endurecer estas filtraciones que empeoran el buen entendimiento que debe primar entre empresas comunitarias. En Román Paladino; si no hubiera filtraciones sería más fácil que las empresas europeas estrecharan sus lazos entre sí. 

Tanto la izquierda europea como los llamados partidos verdes denuncian que dicha normativa penaliza de facto las filtraciones sobre los abusos que puedan cometer las empresas y corporaciones. Ejemplo de ello son los papeles de Panamá, que ponen de manifiesto la importancia de todo aquél que mediante su testimonio denuncie las anomalías. Esto sin contar que cercena el trabajo de los periodistas, la libertad de expresión de los empleados y los derechos de acceso a la información de interés público.

De hecho, en 2015 el Gobierno francés amparándose en la normativa comunitaria intentó introducir medidas penales en las leyes francesas para impedir que se publiquen según qué cosas. Esto haría que las empresas que se instalen en Europa elijan aquellos países en los que toda su información esté más protegida frente a los que apuestan por la libertad de expresión para decir siempre cosas que sean ciertas. 

Sólo así se han podido conocer casos que afectan a industriales y financieros como Luxleak o la lista Falciani. 

Para aquellas personas que filtren información presuntamente irregular no siendo periodistas, con esta nueva normativa sólo estarán protegidas si se demuestra que actuaron con el propósito de proteger el interés público en general revelando un comportamiento indebido, delitos de algún tipo o una actividad ilegal.

Los que están en contra de esta directiva dicen que se abren grandes lagunas al recaer sobre los denunciantes la carga de la prueba. Es decir, que aquello que revelaron lo hicieron buscando el interés público.

Además, los periodistas nos veremos directamente afectados pues las empresas podrán demandar a quien publique cosas consideradas como secreto comercial con la posible ruina del medio si se meten en procesos largos y costosos. Tras tres años de negociación el próximo jueves puede ser aprobado al contar con un apoyo mayoritario en la Cámara.