La inseguridad jurídica creada por Sebastián y Soria frena la inversión en energía fotovoltaica

Cuando se puso en marcha el sistema de primas a la energía fotovoltaica esta tecnología no era rentable. Años después, las mejoras tecnológicas permiten crear instalaciones que no requieran de ningún tipo de ayudas o incentivos para resultar competitivas. Sin embargo, las reformas puestas en marcha primero por Miguel Sebastián y después por José Manuel Soria no sólo han creado graves prejuicios para miles de pequeños y medianos inversores (además de para fondos internaciones que entraron en el mercado español). Además han creado una sensación de inseguridad jurídica que frena nuevas inversiones en esta energía renovable.

Cuando el Gobierno de Zapatero lanzó su proyecto para incentivar la creación de instalaciones fotovoltaica en España se garantizó a los inversores unas primas por las que se les garantizaba que su inversión resultara rentable.

En el folleto informativo distribuido a partir de junio de 2007 por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), titulado El Sol puede ser tuyo y por el que se buscaba captar inversores tras la aprobación de Real Decreto de ese año que regulaba la actividad de producción de energía en régimen especial , garantizaba unas retribuciones por kilowatio-hora que aseguraba la rentabilidad del huerto solar pasados una serie muy larga de años.

Miles de pequeños inversores confiaron en la garantía que suponía una retribución publicada en el BOE. En su mayor parte eran agricultores y otros profesionales del entorno rural, según han explicado fuentes de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (ANPIER) a Okdiario. Estas mismas fuentes asegura que “son inversores muy conservadores, no iban a meterse en esto si el Estado no les hubiera garantizado que no había riesgo alguno”.

Muchos de ellos hipotecaron su vivienda para poder invertir, confiando en la seguridad jurídica que da una publicación en el BOE. Aunque la decisión casi siempre la tomaron personas de cierta edad, hubo algunos inversores jóvenes e, incluso, algún caso extremo.

Pere Guerra era un brillante estudiante de primero de bachillerato que leyó el Real Decreto y el folleto del IDAE. Esto, unido al contenido de uno de sus libros de clase en el que se hablaba sobre la fotovoltaica le hizo pensar que era una buena idea para que invirtieran sus padres. Logró convencer a su familia y al principio las cosas funcionaron como planeaban. Siendo ya alumno de Ingeniería, se fue a estudiar a Harvard. Tenía notas suficientes para seguir en esa universidad, pero no para ser becario. Esto, unido al daño económico que supuso para su familia los cambios en las reglas del juego, le obligaron a volver a España.

En 2011, el ministro socialista Miguel Sebastián realizó el primer cambio de las reglas del juego. Dejaba de estar primada toda la producción para establecerse un máximo de horas anuales de producción, de manera que la energía producida una vez cumplido ese límite se vendía por debajo del coste de producción. El problema es que la cantidad de horas de sol es desigual en toda España. Una instalación en una zona lluviosa del norte de la Península Ibérica podría alcanzar el tope en noviembre, mientras que una situada en Andalucía podría hacerlo a finales de año.

En 2014, el popular José Manuel Soria ponía en marcha una nueva reforma que agrandaba los perjuicios para quienes invirtieron en fotovoltaicas confiando el la fuerza del BOE. Se reducían de nuevo las retribuciones, que pasaban a calcularse mediante una compleja fórmula que, en palabras de Pere Guerra “es difícil de comprender incluso para un ingeniero, no digamos para un agricultor que ha invertido en esto”. Y esa reducción adquiría además un efecto retroactivo.

De esta manera, para calcular cuánto tiene que cobrar un productor de fotovoltaica se tiene en cuenta todo lo ingresado con las primas durante los años anteriores y se le va descontando lo que, según los nuevos cálculos “cobró de más”. Además, en noviembre del año pasado se incorporó un impuesto a la electricidad que también les afecta de manera negativa.

Todos estos cambios han generado una situación de inseguridad jurídica que ha tenido, entre otros efectos, que España ya haya superado a Argentina y Venezuela en número de reclamaciones ante tribunales de arbitraje internacionales, siendo el país del mundo que tiene que hacer frente a una mayor cantidad de ellas. La situación es tal que, según explica el abogado y secretario de ANPIER, Juan Castro-Gil: “En Europa ya hay quién habla de volatilidad jurídica en España”.

Producto de todo esto es que la inversión en fotovoltaica se ha frenado en España. Gracias a la curva de aprendizaje de estos años, la tecnología ha avanzado lo suficiente para ser rentable a precios de mercado sin necesidad de primas. Sin embargo, los potenciales inversores no confían en las autoridades españolas, con independencia del partido que gobierne. Según fuentes del sector, quienes podrían animarse a instalar un huerto solar no confían en que se cambien las leyes de forma que se les perjudique o se les metan nuevos impuestos.