La justicia condenó a Konecta por cambiar las condiciones de trabajo: administrativos en un ‘call center’

La empresa de telecomunicaciones Konecta fue condenada por modificar sustancialmente las condiciones de trabajo de una de sus empleadas, según consta en una sentencia a la que ha tenido acceso OKDIARIO. En este caso, la compañía cambió de puesto a una persona, cuyas funciones iniciales eran de oficial administrativo, y la puso a realizar tareas de «atención al público en el sector del Contact Center a través de recepción de llamadas», según los hechos probados.

Así, la teleco envió a una administrativa, que hasta el momento prestaba sus servicios para el Banco Santander, a un centro de atención al cliente telefónico de Openbank. Tal y como adelantó este periódico, la empresa ha estado perdiendo los contratos administrativos que mantenía con la entidad que preside Ana Patricia Botín y sólo dispone de acuerdos relacionados con el call center.

«Las funciones que la actora venía desarrollando como oficial administrativo segunda eran de contenido técnico vinculadas a la correcta gestión y tramitación de incidentes relacionados con cheques y ciertos documentos bancarios, para el Banco Santander», reza el documento judicial.

Konecta cambió el puesto de la empleada

Sin embargo, Konecta decidió que la denunciante tenía que comenzar a
realizar actividades que nada tienen que ver con su perfil profesional: «El 6 de septiembre de 2023, la mercantil demandada comunicó por escrito a la demandante que desde el día 7 de septiembre de 2023 pasaba a incorporarse a la formación en la modalidad presencial en Santa Leonor, para el servicio Openbank en horario de 15:30-21:00 horas, con los descansos legales».

Es decir, la sentencia considera probado que las funciones de la
empleada eran totalmente diferentes: «Las funciones que se
desarrollan en el servicio Openbank y respecto de las cuales se
impartió al menos un día de formación a la trabajadora se corresponden
con las de atención al público en el sector del Contact Center
a través de recepción de llamadas. El servicio consistía en posibilitar
al cliente la recuperación de claves de acceso a través de la app».

Ante esta situación, la trabajadora de Konecta solicitó a la empresa
que el contrato expirara. Sin embargo, la compañía le contestó
asegurándole que esto no era posible y que debía continuar en su nuevo
puesto pese a las diferencias que mantenía con el anterior.

Por todo lo anterior, el Juzgado de lo Social nº 16 de Madrid decidió
declarar «injustificada la decisión adoptada por la empresa», además
de condenarla «a estar y pasar por esta declaración y a reponer a la
trabajadora en sus anteriores condiciones de trabajo».

Los trabajadores, hartos de la empresa

Los trabajadores han advertido en varias ocasiones que el tratamiento
que la empresa les da es algo cuestionable. Además, aseguran que lo
que la compañía llama «formación global» es, en realidad, «un corredor
de la muerte». En concreto, los cursos de esta mercantil se utilizan para aquellos empleados que no están formando parte de una campaña del
call center. Mientras esperan a que se les asigne un trabajo, la empresa les lleva a formaciones que, según mantienen, «nunca se acaban».

«Es a donde llevan a los que no tienen campaña», explican fuentes
cercanas a Konecta. El objetivo de estos trabajadores es «hacer
cursos», pero «hay quienes llevan años» en esa situación, muchos de
ellos discapacitados.

La compañía se encuentra en un proceso en el que va a aplicar a 585
empleados un expediente de regulación de empleo (ERE). Este despido
colectivo se ve envuelto en otra polémica tras desvelar OKDIARIO que
la empresa está ampliando su plantilla en Portugal y en Sudamérica
mientras lleva a cabo el ERE en España.

Además, las fuentes de la empresa también han desvelado a este periódico que, mientras se lleva a cabo este proceso, Konecta pide a sus trabajadores que realicen horas extra, algo que los empleados no entienden: «Por un lado, hay peticiones de personal con incorporaciones inmediatas y peticiones de voluntarios para hacer horas y, por otro, un informe técnico que dice que sobran 585 trabajadores».