El juez del Popular cita como testigo a la presidenta del organismo europeo que adjudicó el banco

Elke König, presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), organismo europeo que adjudicó el Banco Popular por un euro al Santander, tendrá que responder ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso por sus declaraciones en los días previos a la resolución.

El magistrado José Luis Calama ha citado a declarar el próximo 27 de julio a König como testigo en el caso que investiga a las dos últimas gestiones del Banco Popular.

En un auto conocido este miércoles, el titular del juzgado central de Instrucción número 4 cree conveniente que König aclare unas manifestaciones realizadas en televisión pocos días antes de que el Popular fuese resuelto, así como la filtración sobre el riesgo de liquidación que corría la entidad.

Calama se refiere a la entrevista concedida a finales de mayo de 2017 a la cadena de televisión ‘Bloomberg’, en la que König admitía que el banco español «era uno de los casos que estamos viendo».

Días después, la agencia ‘Reuters’ publicó una exclusiva sobre el riesgo de liquidación que corría la entidad, en la que fuentes comunitarias afirmaban que «uno de los principales organismos de control de los bancos de Europa advirtió a los funcionarios de la Unión Europea de que el Popular podría tener que liquidarse» si no lograba encontrar un comprador.

El magistrado se remite a la normativa europea y recuerda que «la mera información de que la Junta y las autoridades nacionales de resolución están examinando un ente determinado podría, por sí misma, repercutir negativamente en éste».

De ahí que sea necesario garantizar «que se dispone de los mecanismos adecuados para mantener la confidencialidad de tal información, como el contenido y los pormenores de los planes de resolución y el resultado de cualquier evaluación realizada en ese contexto.»

Desde su punto de vista, las informaciones pudieron tener un impacto muy negativo en la liquidez del banco, alentando la retirada de depósitos de los clientes.

La presidenta de la JUR deberá aclarar, entre otras cuestiones, «cuándo y cómo se activó el proceso de resolución, quién lo conocía, si se activaron o no mecanismos de actuación temprana, el desarrollo del proceso de resolución, la relación con los gestores del Popular durante dicho proceso, y detalles y pormenores sobre el informe valorativo elaborado por Deloitte».

El titular del juzgado fundamenta su decisión en el hecho de que la JUR resolviera una entidad española «con unas consecuencias jurídicas y económicas de gran transcendencia para sus accionistas y resto de acreedores afectados, que perdieron íntegramente la totalidad de su inversión».