Izquierdo (CEOE): «La burocracia causa más pérdidas en las empresas españolas que los aranceles»

• Benjamín Santamaría @benjaefe
• Economista, analista, conferenciante y máster de educación con especialidad en Economía. Redactor de economía y empresas en OKDIARIO y autor de 'La economía a través del tiempo' en el Instituto Juan de Mariana. Miembro de la junta directiva del Centro Diego de Covarrubias.
• • 05/06/2025 06:45
  • Actualizado: 05/06/2025 06:45

Gregorio Izquierdo, vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y director del Instituto de Estudios Económicos (IEE), ha asegurado que el exceso de burocracia «que sufre la Unión Europea (UE) y las empresas españolas» causa un impacto «más relevante» que «los aranceles» impuestos por el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump. Así lo ha asegurado el profesional durante la presentación del informe La curva de Laffer regulatoria elaborado por el Instituto Juan de Mariana.

En ese sentido, el economista asegura que la CEOE «ha identificado que, en España, se hacen al año 1.000 normas distintas que ocupan 1,3 millones de páginas de normativa». Por ello, Izquierdo pone sobre la mesa la enorme dificultad que supone poder estar al día de lo que dicta la legislación.

«En un extremo, esto llevaría a que un empresario que quisiera verlas todas tuviera que leer cada día del año 3.500 páginas», advierte el profesional. Además, el representante recuerda que, además de eso, este empresario tendría «que dedicar un 3% de su tiempo a pagar impuestos».

Esto «llevaría consigo que lo que es la función empresarial propiamente dicha acabaría por ser un residuo del cumplimiento de la burocracia y el impositivo», afirma Izquierdo, quien reclama: «La función empresarial, que es lo esencial, no puede convertirse en algo accesorio después de cumplir normas».

Efectos de la enorme burocracia

Las implicaciones principales de la sobrerregulación, según el economista, «son múltiples». «En primer lugar, es un freno a la empresa, a la inversión, al crecimiento, a la dotación… Es una barrera a la empresa», argumenta el vicepresidente de CEOE.

«En segundo lugar, es una barrera a la adaptación. La regulación dificulta el cambio, la adaptación tanto a la demanda como al entorno con las nuevas tendencias, porque hace que lo que ya está se priorice sobre lo que viene. De hecho, convierte a las empresas en burocratizadas y cargadas de rigideces y, por lo tanto, vulnerables a entornos cambiantes», explica.

«En tercer lugar, perjudica la competitividad contra terceros países. En otras zonas del mundo esta regulación no existe. Por lo tanto, las empresas españolas tienen una sobrecarga», sentencia el profesional.

«Es mucho más relevante la sobrecarga regulatoria que sufre la Unión Europea y las empresas españolas que el impacto de los aranceles. De hecho, se ha identificado que es la sobrerregulación es como un arancel interno», advierte.

«En cuarto lugar, altera las condiciones relativas de competencia. Los que ya están tienen ventaja sobre los que vienen. Los más grandes tienen mayor facilidad de asumir las cuotas de los más pequeños, y esto distorsiona la dinámica del mercado, el flujo de entrada y salida, que sabemos que son los principales factores de progreso económico», remata el economista.

«A mí me parece que lo que peor que hace la regulación es que frena la inversión. La inversión es el motor de cambio, de progreso de las sociedades y, por lo tanto, el crecimiento empresarial y la productividad», afirma.

El exceso de regulación en España

El último informe del Instituto Juan de Mariana ha concluido que el exceso de regulación en España que impone el Gobierno de Pedro Sánchez y los Ejecutivos regionales generan un gasto anual de 70.000 millones de euros. El estudio tiene en cuenta los «recursos que se detraen de la inversión productiva y del consumo de los hogares, pero que no aparecen explícitamente reflejados en ninguna contabilidad pública, puesto que no generan ingresos al fisco, sino que inducen cambios de comportamiento de los agentes privados».

Estos 70.000 millones de euros, que debe abonar el sector privado sólo para hacer frente el exceso de regulación, se traduce en «1.470 euros por ciudadano o, lo que es lo mismo, 4.410 euros por hogar».

«Las trabas normativas y la burocracia conducen a trámites redundantes, solapamientos normativos, demoras administrativas y un sinfín de circunstancias que desincentivan el emprendimiento, la innovación y la generación de riqueza», explica el documento.