IU, al borde de la quiebra económica tras el 20-D

Alberto Garzón tiene un gravísimo problema económico. Al pasar de 9 a 2 escaños tras el 20-D no puede conformar grupo parlamentario propio, exigencia que requiere al menos 5 diputados.

Por tanto, la coalición no tiene derecho a las ayudas que concede la Junta Electoral Central para el envío de propaganda electoral que representan dos millones de euros. Si como ha comunicado la formación de Garzón, IU contó con un presupuesto para las pasadas elecciones de 2,6 millones de euros, y por sus dos diputados va a percibir 200.000 euros, el grupo comunista tiene un desfase de 2,4 millones de euros una cantidad nada desdeñable.

¿Renunciarán otros grupos a su dinero por IU?

Más si recordamos que en marzo de este año, el Ministerio de Hacienda se vio obligado a embargar las sedes oficiales de Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid por una deuda de 1,2 millones de euros que la coalición acumuló con el erario público al no abonar las retenciones por IRPF correspondientes a sus trabajadores. De hecho, llevó a cabo un ERE sobre su plantilla aplicando la legislación aprobada por el PP que tanto critican.

Alberto Garzón ha manifestado que tiene que explorar todas las vías posibles de financiación entre las que no descarta nada pues IU-Unidad Popular deberá abonar esos 2,4 millones de euros de sus exiguas arcas.

Entre las posibilidades está que otros diputados pertenecientes a las Mareas que conforman Podemos se suman a ellos para configurar un grupo parlamentario propio. Otras opciones pasarían por acuerdos con ERC (ya pasó en 2008) o con Bildu en la misma línea.

La pregunta radica en que si esto hacen los otros grupos deberán rrenunciar a la asignación que les concede la Mesa del Congreso y tampoco son grupos a los que les sobre el dinero.