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Indra hace público el protocolo para regular la posible operación de la fusión con EM&E Group

José Vicente de los Mozos asumirá las funciones ordinarias de análisis de la fusión de Indra y EM&E Group

  • Alicia Bonilla
  • Periodista especializada en Economía. Graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid.

Indra ha dado a conocer este viernes a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el protocolo para regular la posible operación con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E).

Dicho documento fue aprobado por el consejo de administración el pasado 30 de julio y en este se recoge que el consejero delegado de la firma, José Vicente de los Mozos, será el responsable, como primer ejecutivo de la compañía, de asumir las funciones ordinarias de análisis, estructuración y ejecución de la posible operación de integración.

Esta decisión del consejo de administración, anunciada el pasado 10 de julio, se debe a que el presidente de Indra desde mediados de enero del pasado año, Ángel Escribano, es copropietario de EM&E junto a su hermano y presidente de EM&E, Javier Escribano.

Creación de una Comisión Ad Hoc

El protocolo recoge la creación de una Comisión Ad Hoc para llevar a cabo la posible operación, coordinando y supervisando todo el proceso y emitiendo informes o recomendaciones previas a cualquier decisión del consejo sobre la operación.

«La especial circunstancia en que se va a desarrollar la operación aconsejan que sus actuaciones deban estar supervisadas por la Comisión Ad Hoc, sin afectar a la agilidad y eficacia en que deben desenvolverse las negociaciones y la preparación de la operación», se indica en el texto.

Además, formarán parte de la misma los vocales independientes del consejo de administración de Indra Belén Amatriain -que presidirá la comisión-, Eva María Fernández, Josep Oriol Piña y Bernardo Villazán.

Conflicto de intereses en Indra

Por otro lado, el consejo de Indra ha identificado ya un conflicto de interés en relación con la operación que afecta a Javier Escribano, consejero dominical, y al presidente ejecutivo, Ángel Escribano.

En consecuencia, según el protocolo, ambos deberán ausentarse de cualquier reunión del consejo en la que se aborde la posible operación de integración, abstenerse de participar y votar en cualquier asunto vinculado a la misma y no tendrán acceso a la documentación relativa a la operación ni a los asesores designados por Indra.

EM&E posee un 14,3% de Indra y es el segundo mayor accionista de la compañía, sólo por detrás del Gobierno, que posee un 28% del capital a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Además, Javier Escribano forma parte del consejo de administración de Indra en representación de EM&E.

Las decisiones de la comisión no serán vinculantes

Por otro lado, el protocolo detalla que, en cuanto a la aprobación de la operación, el consejero delegado deberá procurar «en la medida de lo posible» obtener un informe favorable de la comisión Ad Hoc.

No obstante, se remarca que dicho texto será necesario, pero «no vinculante», por lo que finalmente el consejo podrá aprobar la fusión aunque no haya recibido el visto bueno de la comisión de asesoramiento.

Igualmente, el protocolo se marca como objetivo proteger a los accionistas minoritarios, así como garantizar la transparencia y la supervisión independiente y definir los roles y responsabilidades de los órganos de gobierno involucrados.

La potencial fusión con EM&E supondría para Indra incorporar a su perímetro una empresa de armamento, un negocio en el que la compañía ya ha manifestado su interés y para el que ha creado la división Weapons & Ammunitions.

En ese sentido, EM&E desarrolla, entre otros productos, torretas para tanques y vehículos blindados, un mercado este último en el que la compañía también participa junto a Indra, Sapa Placencia y Santa Bárbara Sistemas (propiedad de General Dynamics) a través de Tess Defence, adjudicatario de la fabricación para el Ejército español de los 8×8 Dragón y del Vehículo de Apoyo Cadenas (VAC), dos contratos valorados cada uno de ellos en torno a 2.000 millones de euros.