La increíble osadía de la Generalitat: busca la independencia pero exige al Gobierno elevar el objetivo de déficit

El vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, reclamará al Gobierno español que eleve los objetivos de déficit establecidos para las comunidades para este año y para 2020, fijados ahora en el 0,1 y en el 0 %, respectivamente, con el fin de que Cataluña pueda afrontar las inversiones que necesita.

En una entrevista con Efe, Aragonès ha avanzado que el Govern solicitará al Ministerio de Hacienda, al igual que hizo ya en 2018, una «revisión de los objetivos» para que el límite de déficit sea del 0,3 % del PIB este ejercicio y «mayor del 0 %» en 2020.

Aragonès ha opinado que para 2020 se debería poder contar «como mínimo» con un margen del 0,3 % del PIB, de forma que el Estado renuncie a obligar a las comunidades a cerrar en equilibrio presupuestario ese año.

El vicepresidente ha mostrado su malestar por el hecho de que el Estado «se reserve todo el margen de déficit para 2020» a pesar de que «tres de las cuatro patas del Estado del bienestar (salud, enseñanza y políticas sociales) dependen de las comunidades, es decir, todas menos las pensiones, ha asegurado.

Aragonès, que trabaja en la elaboración de los presupuestos para 2020, ha denunciado que imponer un déficit del 0 % a la Generalitat «limita su capacidad inversora» en un momento en que la administración catalana necesita invertir también en equipamientos sanitarios y educativos.

Además de denunciar la «falta de lealtad institucional» del Estado en el reparto de déficit, Aragonès ha tildado de «imprescindible» que en 2020 la Generalitat recupere su capacidad inversora.

Un informe del departamento de Economía dado a conocer recientemente asegura que de las inversiones incluidas en los presupuestos del Estado entre 2015 y 2018 solo se llegó a ejecutar un 65,9 % en el caso de Cataluña, frente a un 113,9 % en el caso de la Comunidad de Madrid, y Aragonès ha denunciado también los incumplimientos de los presupuestos del Estado en lo referente a Cataluña.

Por otra parte, la Generalitat trabaja por defender el espacio fiscal de su competencia, entre ellos los impuestos propios que ha aprobado en los últimos años.

En esta línea, Aragonès ha avanzado que el Govern presentará «recurso de casación» contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de declarar nulo el reglamento que desplegaba el impuesto catalán a las bebidas azucaradas.

Aragonès ha asegurado que en otoño se aprobarán «las medidas para garantizar» que ese impuesto se sigue recaudando este año, y ha querido dejar claro que el impuesto «sigue en vigor».

El recurso ante el TSJC lo habían promovido la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), la patronal de la gran distribución Anged, la asociación de grandes cadenas españolas de supermercados (Aces), la de distribuidores de autoservicios y supermercados (Asedas), la asociación de codificación comercial Aecoc; la asociación empresarial de marcas de restauración y la asociación Promarca.