Almaraz

Iberdrola, Endesa y Naturgy aplazan al viernes la reunión por Almaraz para consensuar un acuerdo

Iberdrola, Endesa y Naturgy han aplazado a este viernes la reunión que tenían previsto celebrar el jeuves para tratar de acercar posturas respecto al futuro de la central nuclear de Almaraz de cara a un acuerdo para la solicitud de renovación de la licencia de la planta.

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Central nuclear de Almaraz. | Nucleares España

Ante la situación de bloqueo existente actualmente para sellar un acuerdo entre las distintas partes y el hecho de que la reunión de este jueves estaba condenada a un nuevo desencuentro, las empresas propietarias de la central nuclear han optado por seguir hablando para «consensuar algo» que llevar este viernes a la asamblea de la sociedad propietaria de Almaraz.

De esta manera, el objetivo del aplazamiento de la reunión de este jueves sería buscar una solución ‘express’ que presentar este viernes y con la que tratar de cerrar, al menos en parte, el conflicto abierto por el futuro de Almaraz.

De hecho, en este intento de desbloquear la actual situación estaría participando también Enresa, con la que las eléctricas firmaron el protocolo que parecía aclarar la senda a seguir para la continuidad del parque nuclear y su cierre ordenado entre 2025 y 2035, señalaron a Europa Press en fuentes del sector.

31 de marzo

El permiso de conexión de Almaraz caduca en abril de 2020 y el próximo 31 de marzo es la fecha límite marcada en ‘rojo’ para tomar la decisión de pedir la renovación de la central, bajo la amenaza para las energéticas de enfrentarse a una sanción.

Desde la firma del protocolo entre las empresas y Enresa, las diferencias entre Iberdrola, Naturgy y Endesa sobre cómo afrontar el futuro de Almaraz no han hecho más que acrecentarse.

En la última reunión del pasado martes, Iberdrola y Naturgy plantearon una propuesta flexibilizada en la que pusieron sobre la mesa que si las inversiones requeridas para la planta son superiores a las previstas en el plan de negocio acordado sería necesario volverse a sentar y pactarlo por unanimidad, tal y como está previsto en las sociedades de interés económico (AIE) por las que se rigen las nucleares.

Sin embargo, Endesa se niega a firmar cualquier imposición de condiciones no recogidas en el protocolo, que, en su opinión, obliga a cumplir el acuerdo alcanzado para ampliar la vida útil de las centrales.

A juicio de la compañía dirigida por José Bogas la introducción de cláusulas a la petición de alargar la vida útil, como no superar un tope del 15% a una cifra de inversiones recurrentes de unos 400 millones de euros, supone desvirtuar el protocolo, «ya que en él no hay ninguna condición». Así, sostiene que no exista ningún condición en el caso de que las inversiones necesarias seas superiores a las previstas, ya que ésta es una cuestión que debe ser determinada por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Socios

Ante esta situación de bloqueo, Endesa incluso planteó a sus socios negociar una salida de la central si alguno de ellos considera que «no salen las cuentas» y no se dan las condiciones económico-financieras que permitan su continuidad.

Esto supondría que los socios que quieran salir del accionariado podrían hacerlo, aunque sería necesario en primer lugar que cubrieran cada uno su parte correspondiente del importe por el predesmantelamiento.

Por su parte, el resto de socios consideran inadmisible la venta de su parte por cero euros y, además, tener que asumir este coste del predesmantelamiento.

Bogas

Este jueves, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha manifestado que «todas las posibilidades están abiertas» para que Iberdrola y Naturgy cedan sus participaciones con el fin de llegar a un acuerdo para la renovación de la licencia de la planta.

Así, ha admitido que Endesa «tratará de ser los más flexible que pueda» en el caso de que el resto de empresas «no quieran respetar el protocolo» y se ha mostrado dispuesto a sentarse a hablar con el Gobierno para tratar de resolver la situación.

También está sobre la mesa el futuro de la central de Vandellós II, donde se reparten el accionariado entre Endesa e Iberdrola, con el 72% para la compañía dirigida por José Bogas y el 28% para el grupo presidido por Ignacio Sánchez Galán.

En este caso, la situación no es tan urgente como el de la planta de Extremadura, ya que la nuclear de Tarragona sería la última en cerrar según el protocolo, antes justo de Trillo, allá por 2035, y está sobre la mesa una primera renovación de su vida útil por 10 años. El acuerdo en Almaraz despejaría también mucho el camino en Vandellós II.

Según la ‘hoja de ruta’ acordada por las eléctricas y Enresa, el reactor Almaraz I se parará no antes de 2027, mientras que el segundo de sus reactores lo haría un año después (2028).

En concreto, supone que los dueños de la central cacereña pedirán 7,4 años, a contar desde la fecha de abril de 2020 en que expira la licencia, para el primer reactor y 8,3 años para el segundo.

El Gobierno remitió el pasado 22 de febrero a Bruselas su borrador de Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), en el que prevé que en 2030 todavía haya operativos en el ‘mix’ eléctrico español algo más de 3 gigavatios (GW) de nuclear y un cierre ordenado de estas plantas por orden cronológico.

El protocolo incluye un calendario de cierre para el parque nuclear español, contemplando las clausuras ordenadas y escalonadas de los actuales siete reactores desde 2027 (Almaraz) hasta 2035 (Trillo). De tal manera que, tras Almaraz, le tocaría el turno a Ascó I (2029) y Cofrentes (2030). En 2033 sería clausurado Ascó II y, en 2035, Vandellós y Trillo. A este ritmo, la vida útil de las centrales se situará en una media de unos 45-46 años.

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