La guerra de las gasolineras españolas llega a Bruselas

A pesar de los esfuerzos realizados en las últimas décadas para liberalizar la economía española, en algunas industrias ha resultado más sencillo que en otras introducir la libre competencia. Un ejemplo lo encontramos en el sector de la estiba, de plena actualidad, pero también en el ámbito energético, uno de los campos en los que la resistencia ha sido mayor, como demuestran las dificultades que encuentran las nuevas distribuidoras eléctricas (HolaLuz, Pepeenergy o Gesternova) para competir gigantes como Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa.

Otra prueba de ese mismo fenómeno lo encontramos en el negocio de las gasolineras, considerado durante décadas como un oligopolio controlado por menos de una decena de compañías, en el que actualmente se libra una feroz batalla. Las estaciones de servicio sin trabajadores acaban de acudir a Bruselas para instar a las autoridades europeas a que intervengan en favor de la libre competencia en el sector, inexistente en su opinión por las trabas que en los últimos tiempos han introducido algunas comunidades autónomas españolas.

Una batalla iniciada hace más de un año

Las gasolineras automáticas (así se definen ellas, aunque las estaciones de servicio tradicionales prefieren llamarlas fantasma o desatendidas) empezaron a operar en España en 2013 y actualmente se encuentran encabezadas por firmas como Ballenoil y Petroprix.

Su número total oscila entre las 300 y las 400 estaciones de servicio, lo que constituye menos del 5% del total del mercado (frente al 10% que representan en Francia, el 20% en Bélgica o más del 50%, en Dinamarca y Suiza). Están agrupadas en la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (Aesae) y son de media un 2% más baratas que el resto de gasolineras.

Estas compañías se quejan de que varios gobiernos autonómicos (Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Murcia y Navarra) han introducido leyes que obligan a las firmas del sector a contratar al menos a un trabajador, lo que a su juicio supone un freno a su expansión.

Así se lo hicieron saber el año pasado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que en agosto resolvió en favor de estas estaciones sin empleados, señalando que las citadas normas autonómicas cercenan la libertad de empresa y la libre elección de los consumidores de forma innecesaria o desproporcionada.

Extraños compañeros de viaje

Desde que la CNMC emitió aquel informe, los bandos en liza se han posicionado claramente. De un lado están las gasolineras sin trabajadores, encabezadas por Aesae, las cooperativas agrícolas (que cuentan con estaciones de servicio a las que también afectan las citadas normativas) y las asociaciones de consumidores. En este sentido, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) considera que las gasolineras automáticas o desatendidas constituyen un fenómeno dinamizador del mercado de carburantes, al reducir los precios en las zonas en las que operan.

Frente a estos colectivos se han posicionado las estaciones de servicio tradicionales (representadas por asociaciones como Aevecar) y los sindicatos. Sus argumentos para mostrarse contrarios a este tipo de instalaciones van desde la defensa del empleo (el sector da trabajo a casi 10.000 españoles) hasta la importancia de garantizar la seguridad, pasando por la obligatoriedad de suministrar carburante a personas con movilidad reducida y la protección de los usuarios.

Precisamente a este último argumento se han agarrado las comunidades autónomas para introducir las leyes que obligan a la contratación de un empleado, ya que cuentan con competencias para legislar en materia de protección de los consumidores… Ahora, Bruselas resolverá.