Un grupo de okupas quiere empadronarse en este pueblo de Madrid, y la Guardia Civil tiene que poner orden

La okupación en España sigue siendo uno de los conflictos más presentes en el día a día de muchos municipios. De acuerdo al Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior y, más concretamente, atendiendo a los llamados «hechos conocidos», en el año 2023 se registraron 15.289 casos de allanamiento o usurpación de inmuebles en todo el país.

Esto sitúa a España como el país con más casos de okupación en Europa. Un problema que va mucho más allá de lo simbólico. Para los propietarios, es una pesadilla.

El dueño no sólo pierde su casa: sigue pagando luz, agua, IBI, y encima se ve atrapado en un proceso que parece proteger más al que ocupa que al dueño. El okupa entra en un piso vacío, se instala como si nada, y se agarra a la ley para no salir.

Pero ¿qué pasa cuando, además de meterse en una casa que no es suya, quieren empadronarse? En un pueblo de Madrid lo han intentado, y la Guardia Civil ha tenido que intervenir.

Los okupas que buscan empadronarse en Madrid

Un grupo de okupas irrumpió en el Ayuntamiento de Galapagar para exigir su empadronamiento en varias viviendas del municipio. Iban con pancartas, gritaban consignas y presionaron al personal del consistorio para que les tramitara la inscripción en el padrón. Pero había un detalle: las direcciones que presentaban eran falsas o directamente inexistentes.

El Ayuntamiento se negó, y los manifestantes respondieron amenazando a los funcionarios con denunciarles por prevaricación si no los empadronaban. Ante esta situación, el Consistorio pidió apoyo a la Guardia Civil. Los agentes se presentaron para mantener el orden, identificaron a los presentes y lograron calmar los ánimos.

El empadronamiento como estrategia para blindar a los okupas

Desde el Ayuntamiento vinculan este episodio con la reciente apertura de su oficina antiokupación. Una medida que ha sido bien recibida por los vecinos y que busca poner freno a la ocupación ilegal.

Para el consistorio, esta reacción confirma que están tocando donde duele. «Vamos a seguir firmes. Aquí los okupas no son bienvenidos y no se lo vamos a poner fácil», señalaron tras los hechos.

Ahora estudian posibles sanciones para los implicados, que podrían superar los 600 euros según la Ley de Seguridad Ciudadana.

Pero el verdadero problema va más allá, pues el empadronamiento se está usando como una forma de reforzar ocupaciones y ganar tiempo dentro de la vivienda. Al empadronarse, aunque sea en una vivienda ocupada, los okupas acceden a servicios sociales, sanidad, escolarización e incluso retrasan el desalojo.

Si bien la okupación ya suele ir de la mano con la mentira, intentar empadronarse la lleva a otro nivel. Lo preocupante es que buscan legitimar una ocupación ilegal usando documentos oficiales.

Las okupaciones siguen aumentando en España

En 2024 se registraron 16.426 denuncias por usurpación y allanamiento de vivienda en toda España. Son más que el año anterior, y el dato deja claro que esto no va a menos. Cataluña se lleva la peor parte: 7.009 casos, el 42 % del total. Más que Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana juntas.

En cambio, Madrid bajó un poco con 1.451 denuncias, y Andalucía también cayó a 2.207. La Comunidad Valenciana subió hasta las 1.767, según los datos del Ministerio del Interior.