Los grandes fondos avisan: Iglesias destrozará el sector inmobiliario por su obsesión por el alquiler

La obsesión del vicepresidente Pablo Iglesias por intervenir el mercado inmobiliario «destrozará» el sector. Es el aviso que dejan grandes fondos a este periódico, que siguen con mucha preocupación las negociaciones entre PSOE y Podemos sobre la futura Ley de la Vivienda. La norma podría obligar a los grandes tenedores a poner viviendas vacías en el mercado si Iglesias impone sus exigencias. Por el momento, los socialistas no lo tienen claro, lo que ha provocado un nuevo choque entre ambas formaciones.

Pero hay más. Iglesias también quiere obligar a que los ayuntamientos y las comunidades autónomas regulen el precios del alquiler en las zonas tensionadas y exige que los desahucios sin alternativa habitacional se prohíban más allá del estado de alarma. “Son normas excesivamente intervencionistas que van a destrozar el mercado. Elimina la seguridad jurídica o quebranta la tutela judicial efectiva para resolver a través de los juzgados problemas como la ocupación. Esto está vulnerando el derecho de propiedad recogida en la Constitución y sobre todo, genera tal inseguridad jurídica que nadie va a invertir», explican desde un fondo inmobiliario a este periódico. Las mismas fuentes confirman que ya se han parado grandes inversiones debido a la inseguridad jurídica. «No hay grandes movimientos de fondos en los últimos tiempos y, aunque hay anuncios, no son grandes operaciones», dicen.

Sobre las rentas, Iglesias está decidido a que el control de los precios sea de obligado cumplimiento, mientras que el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha rebajado el tono -habla de voluntad-, y se ha mostrado dispuesto a negociar con todos los actores del sector. «Vamos a plantear si ayuntamientos y comunidades autónomas tienen esta voluntad para que a partir del índice de referencia de los precios de alquiler puedan establecer su propio índice de precios de acuerdo a una metodología objetiva y revisable periódicamente», decía Ábalos hace unas semanas. A pesar de las palabras del ministro, el sector recuerda que el Gobierno ya ha traspasado muchas líneas rojas que prometió que no iba a traspasar, así que no descartan que ahora haga lo mismo.

La falta inseguridad jurídica es sólo uno de los efectos que provocarán las propuestas de Pablo Iglesias sobre el mercado inmobilario. También se traducirían en más economía sumergida y en un parque de viviendas más deteriorado, puesto que los propietarios dejarán de invertir en los inmuebles. «Si finalmente se fija el precio del alquiler como quiere Pablo Iglesias, los precios terminarán acordándose bajo cuerda porque hay maneras de burlar la imposición. Claramente promoverá la economía sumergida. El intervencionismo no es la solución», explican otras fuentes del sector.

Lo cierto es que las propuestas que Pablo Iglesias defiende para el mercado inmobiliario no cuentan con el beneplácito ni del Banco de España ni del FMI. Todo lo contrario. El Banco de España dejaba claro en uno de sus informes que limitar el precio de los alquileres no solucionaría los problemas que tiene el mercado español, incluso advertía de que los precios podrían subir en las áreas que no estuvieran regulados. Además, el control de precios también podría causar «una segmentación de la población según sus condiciones económicas», según el Banco de España.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) también ha advertido al Gobierno de que el control de los precios del alquiler puede tener efectos negativos en la demanda. «Cualquier nueva iniciativa diseñada con el fin de reducir las presiones de los precios del alquiler debería evitar causar efectos negativos en la oferta, lo que tendría un impacto adverso en los arrendatarios con ingresos bajos», alerta el organismo presidido por Christine Lagarde.

El varapalo del Constitucional

Algunas de las medidas que Pablo Iglesias quiere imponer en la futura Ley de la Vivienda ya se han puesto en marcha en Cataluña, y lo han hecho con con poco éxito. De hecho, el Tribunal Constitucional ha anulado por unanimidad el decreto ley de la Generalitat de Cataluña de diciembre de 2019 en materia de vivienda, que, entre otras cosas, obligaba a los grandes tenedores a ofrecer un alquiler social a las personas vulnerables que hubiesen ocupado ilegalmente alguna de sus viviendas. 

El Tribunal Constitucional también ha admitido a trámite el recurso que presentó el PP contra la ley catalana que regula el precio de los alquileres. La formación considera que Cataluña no tiene competencias para regular el arrendamiento en dichos términos y que contraviene preceptos legales fundamentales recogidos en la Constitución.