Las grandes empresas alertan del veto de Sánchez al anonimato en redes: «Vulnera derechos fundamentales»

Las grandes empresas han alertado a la Unión Europea sobre el riesgo de una de las medidas estrella del Gobierno de Pedro Sánchez para hacer frente a la que ellos consideran desinformación: la eliminación del anonimato en las redes sociales. A ojos de la mayor asociación de economía digital, Adigital, en la que participan grandes empresas tecnológicas y financieras, esa medida «vulneraría los derechos fundamentales de los usuarios».

La Unión Europea está revisando ahora la norma reguladora del derecho de rectificación que presentó el Gobierno. Se trata de un trámite previo a su aprobación por parte del Ejecutivo de la UE, conocido como TRIS, y que es obligatorio realizar. Si bien el anteproyecto de ley ya terminó su proceso de audiencia pública, ahora debe cumplir con este paso a nivel comunitario.

Durante ese proceso, las «partes interesadas», que pueden ser cualquier ciudadano, asociación u organización, pueden «compartir sus opiniones sobre cualquier notificación».

Adigital, la Asociación Española de la Economía Digital, ha presentado una contribución en la que expresa su opinión sobre la normativa. Esta entidad, según consta en su propia web, «representa el mayor ecosistema de empresas de base tecnológica en España, integrando a más de 500 compañías de los principales sectores de actividad».

Entre otros dirigentes, su junta directiva está conformada por Amazon, IBM, Bizum, Telefónica, Netflix, BBVA, Google o Meta. Pero también hay «grandes empresas tecnológicas, unicornios y scaleups españolas, pymes innovadoras y líderes globales en digitalización e innovación» entre las compañías asociadas.

«Sin las necesarias garantías»

A mediados de octubre, Adigital envió su contribución, en la que advierte de que «una interpretación amplia» de la ley del derecho a la rectificación «podría obligar inadvertidamente a los proveedores de plataformas en línea», como las redes sociales, «a revelar la identidad de usuarios anónimos o con seudónimo —o incluso de todas las personas detrás de cuentas multiusuario— sin las necesarias garantías o salvaguardias legales». Y concluyen que «tal requisito vulneraría los derechos fundamentales de los usuarios».

Por otro lado, el documento presentado por la asociación de economía digital sostiene que «la disposición crea un obstáculo procesal inviable». Y es que, consideran que «si un usuario anónimo o que utiliza un seudónimo no responde a una solicitud de rectificación, resulta imposible interponer una demanda sucinta ante los tribunales o notificar a un demandado sin antes identificar al usuario demandado».

En ese sentido, tira de las orejas al Gobierno porque, aunque la ley todavía vigente «establece procedimientos supervisados ​​por la autoridad competente para la obtención y divulgación de datos de usuario que permitan los procedimientos judiciales posteriores», la nueva norma «no incorpora dicho marco jurídico necesario».

En su lugar, Adigital propone «explorar mecanismos alternativos» para modificar el ejercicio del derecho de rectificación en casos en los que el que publique la información sea un perfil de redes sociales «de especial relevancia».

«Cargas desproporcionadas»

La asociación exige que este derecho se ejerza «sin imponer cargas desproporcionadas ni comprometer los procesos y operaciones de los proveedores de plataformas en línea, y salvaguardando los derechos fundamentales de los usuarios de dichas plataformas».

A principios de año, Sánchez recrudeció su discurso contra los propietarios de redes sociales, como es el caso de Elon Musk. A los grandes empresarios tecnológicos los acusó de «aumentar la división y el odio» y defendió que fueran «penalmente responsables de lo que pasa en sus redes». El líder socialista propuso en el Foro de Davos un plan contra los «tecnomillonarios». Dentro de esa estrategia estaba la eliminación del anonimato en redes sociales y la obligación de que los dueños hicieran público el algoritmo para poder evaluarlo.

El Gobierno, además, introdujo en ese anteproyecto una modificación del articulado que permitirá publicar «opiniones» en las rectificaciones de noticias que aparezcan en los medios de comunicación.

Las personas o las empresas pueden solicitar que se corrija una información ofrecida en un periódico, televisión o radio, si ésta no es cierta. Sin embargo, ese derecho está acotado. Hasta ahora, las correcciones tenían que «limitarse a los hechos de la información que se desea rectificar». Pero la ley que ya prepara el Ejecutivo prevé «incorporar opiniones o valoraciones» cuando «resulten imprescindibles para entender el contexto».