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Golpe a los afectados por el Popular: la JUR decide que no es necesaria ninguna compensación

La Junta Única de Resolución (JUR) ha decidido de forma preliminar este lunes que no se requiere conceder compensación a los accionistas y acreedores afectados por la resolución del Banco Popular puesto que el último informe sobre la operación revela que hubiesen perdido más en un proceso de insolvencia al uso.

«El informe de valoración 3 del Popular llega a la conclusión de que bajo procedimientos normales de insolvencia las pérdidas generales habrían sido sustancialmente mayores que las pérdidas que se realizaron en resolución», se puede leer en el comunicado la JUR, que publicó tanto la decisión preliminar como la versión no confidencial del informe.

En concreto, la consultora Deloitte calcula que, dependiendo del escenario, las pérdidas para los acreedores habrían sido en el mejor de los casos de 23.400 millones de euros y en el peor de 34.100 millones, frente a los 11.400 millones que perdieron con la resolución.

Esto supondría que los acreedores de renta variable y subordinados (incluidos los accionistas y acreedores afectados) habrían sufrido pérdidas equivalentes al 100 % (20.200 millones de euros en total) y además los acreedores no asegurados, que no estuvieron afectados por la resolución, habrían perdido entre 8.000 y 14.000 millones (entre el 33 % y el 54 % de sus derechos).

La decisión no es definitiva y se abre a partir de ahora un plazo de alegaciones por parte de los afectados, hasta el próximo 14 de septiembre. Se analizará por parte de la JUR si tienen derecho a presentar esas alegaciones, que pasarán a una segunda fase.

«Todos los comentarios proporcionados en la segunda fase serán debidamente evaluados y tenidos en cuenta de cara a la decisión final de la JUR con respecto a si la compensación debe ser concedida», asegura el comunicado.

300.000 afectados

En junio se ha cumplido un año de la resolución del Popular por parte de las autoridades europeas por los problemas de liquidez del banco, que finalmente fue vendido ese mismo día, 7 de junio, al Banco Santander por un euro.

Esto originó cientos de denuncias de accionistas, que se sintieron estafados al perder toda su inversión de la noche a la mañana. Precisamente, el coste de las demandas y quién debía hacerse cargo de ellas -Europa o el Santander- ha sido una de las claves de la operación.

Tras la decisión de la JUR, más de 300.000 accionistas minoritarios perdieron toda su inversión.